Fórmula equivocada: traslado masivo de afiliados amenaza con colapsar el sistema de salud
Un proyecto de decreto del Ministerio de Salud ha encendido numerosas alarmas en Colombia al proponer mecanismos diferenciales para la operación del servicio con enfoque poblacional y territorial. La norma, que aún se encuentra en fase de borrador, establece condiciones específicas para la cesión y asignación de población por parte de las EPS en sus diferentes ámbitos: nacional, departamental y municipal.
Impacto masivo en la población colombiana
Aunque el lenguaje técnico del decreto puede parecer complejo, sus implicaciones prácticas son claras y preocupantes: más de 6,6 millones de colombianos podrían ser trasladados de una entidad promotora de salud a otra de manera abrupta. Esto representa aproximadamente uno de cada ocho habitantes del país, quienes se verían sorprendidos por una determinación impuesta desde las altas esferas del gobierno.
El contexto actual agrava la situación: el sistema de salud colombiano atraviesa una crisis profunda y multifacética, empeorada por las decisiones de un gobierno que parece empeñado en desmantelar el modelo de aseguramiento vigente. Esta administración introdujo desde sus inicios el concepto de "crisis explícita", una estrategia que muchos analistas comparan con prender hogueras sin tener planes concretos para apagar las llamas cuando se extienden.
Un sistema fracturado entre EPS intervenidas y aquellas en equilibrio precario
El principal problema radica en la heterogeneidad del sistema. Existe una fractura evidente entre las EPS que han sido intervenidas por el gobierno y aquellas que, a pesar de enfrentar enormes dificultades, intentan mantener un mínimo equilibrio financiero y operativo. Esta división hace que cualquier reasignación masiva de usuarios sea extremadamente riesgosa.
Un caso particularmente preocupante es el de Nueva EPS, entidad intervenida cuyos indicadores han empeorado notablemente en medio de controversias por malos manejos y nombramientos cuestionables. Que esta institución pueda recibir incluso un usuario adicional resulta inconcebible en las circunstancias actuales, según expertos en el sector salud.
Prioridades invertidas en medio de la crisis
Los críticos del proyecto argumentan que las prioridades están invertidas. En lugar de impulsar traslados masivos, el gobierno debería concentrarse en estabilizar aquellas instituciones que están al borde del naufragio. Solo una vez alcanzada una viabilidad financiera mínima podría contemplarse cualquier reestructuración del sistema.
"A diferencia de lo que ocurre en matemáticas, en el sistema de salud el orden de los factores sí altera el producto", señalan analistas, enfatizando que cualquier cambio estructural debe preceder a la consolidación financiera de las entidades existentes.
Respuesta oficial y escepticismo persistente
El Ministerio de Salud ha intentado calmar las aguas mediante un comunicado en el que sostiene que el proyecto de decreto "no dispone traslados indiscriminados ni automáticos" y que cualquier reasignación se realizaría con base en criterios técnicos, de manera gradual y con salvaguardas adecuadas.
Sin embargo, las dudas persisten entre expertos y usuarios. "Lo escrito escrito está", recuerdan los críticos, señalando que el texto del borrador contiene disposiciones que podrían habilitar precisamente los traslados masivos que el Ministerio ahora niega.
Camino alternativo: gestión eficiente y cumplimiento constitucional
Lo urgente, según especialistas en políticas de salud, es enmendar la plana y adoptar un enfoque diferente. Las prioridades inmediatas deberían incluir:
- Gerenciar adecuadamente el modelo actual de aseguramiento
- Asignar los escasos recursos disponibles en beneficio directo de los usuarios
- Erradicar la corrupción que afecta al sistema
- Cumplir cabalmente con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional
Solo mediante estas medidas fundamentales podría el enfermo sistema de salud colombiano encontrar un desenlace distinto al de la sepultura definitiva. Mientras tanto, la amenaza de un traslado masivo de 6,6 millones de afiliados sigue pendiendo como una espada de Damocles sobre la cabeza de los usuarios y las ya debilitadas instituciones del sector.
