Gobierno ordena traslado masivo de 6,5 millones de afiliados de EPS por decreto
Traslado masivo de 6,5 millones en salud por decreto gubernamental

Gobierno ordena traslado masivo de 6,5 millones de afiliados de EPS por decreto

El Ministerio de Salud expidió la semana pasada el Decreto 0182, que modifica sustancialmente las reglas de operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional. La norma establece límites máximos de entidades prestadoras de salud (EPS) en municipios y ciudades, además de requisitos específicos para la habilitación de servicios en los territorios. Lo más polémico: abre la puerta para el traslado masivo de aproximadamente 6,5 millones de usuarios a otras EPS en un plazo máximo de tres meses.

Una medida jurídicamente cuestionable

Esta decisión del Gobierno Nacional es considerada por expertos como inoportuna e inconveniente, y según análisis jurídicos, técnicos y operativos, podría agravar la ya crítica situación que enfrenta el sistema de salud colombiano. Según Acemi, el gremio que agrupa a las EPS, el texto de esta polémica medida "reproduce casi de manera idéntica" el Decreto 0858 del año pasado, que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado debido a posibles extralimitaciones en las facultades reglamentarias.

La administración del presidente Petro insiste en implementar un nuevo modelo de atención y organización territorial del aseguramiento mediante decretos, en lugar de seguir la vía legislativa tradicional. Estas transformaciones estructurales corresponden naturalmente a las discusiones en el Poder Legislativo y deberían definirse a través del debate de los congresistas elegidos democráticamente por los ciudadanos. En otras palabras, ante el estancamiento del proyecto de reforma por falta de consensos en el Congreso, la Casa de Nariño parece impulsar una reforma "por la puerta de atrás".

Impacto operativo en un sistema ya colapsado

A este pulso jurídico se suma la inconveniencia práctica de reasignar millones de afiliados dentro de un sistema de salud desfinanciado, con graves problemas de atención y servicio, y con EPS que enfrentan profundas dificultades operativas. Los expertos estiman que la mayor cantidad de usuarios –alrededor de 2,6 millones– se concentrarán en la Nueva EPS, que experimentará un aumento del 22,6 por ciento en su carga. Otras EPS igualmente intervenidas tendrán incrementos de afiliados de hasta el 40 por ciento.

Si bien el debate sobre la territorialización del servicio de salud para ganar eficiencia tiene fundamentos razonables, una reasignación de millones de usuarios tan desequilibrada y desanclada de criterios operativos derivará en presiones adicionales a un sistema ya al borde del colapso. No puede olvidarse que la Nueva EPS simboliza precisamente las problemáticas más graves del sector salud: insatisfacción ciudadana generalizada, denuncias de pacientes fallecidos mientras esperaban atención –como el emblemático caso de Kevin Acosta–, falta sistemática de entrega de medicamentos y negación recurrente de servicios esenciales.

Consecuencias clínicas y sociales preocupantes

El movimiento masivo de más del 12 por ciento del total de afiliados generará impactos clínicos peligrosos, incluyendo:

  • Traumas significativos en la continuidad de tratamientos médicos
  • Interrupciones especialmente críticas en terapias de alta complejidad
  • Riesgo real de aumento en la morbimortalidad de pacientes vulnerables
  • Desarticulación de historias clínicas y seguimientos médicos

En resumen, el decreto reasigna sobrecargas adicionales a EPS ya debilitadas, sin abordar el problema financiero de fondo ni fortalecer sus capacidades operativas. Además, que el Estado resuelva unilateralmente a qué entidad se afilian los ciudadanos y en qué territorio contradice el principio de libre elección que debería caracterizar el sistema.

Mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de esta medida, las consecuencias más inmediatas se vivirán en las salas de espera, los hospitales y los hogares de millones de pacientes colombianos. La crisis del sistema de salud, lejos de resolverse, parece profundizarse con decisiones que priorizan cambios estructurales sobre la atención inmediata que requieren los ciudadanos.