Tribunal Administrativo de Bolívar suspende intervención forzosa a Coosalud EPS
En una decisión judicial de gran impacto para el sistema de salud colombiano, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión inmediata de la intervención forzosa sobre Coosalud EPS. Esta medida responde al hallazgo de graves inconsistencias en su ejecución y un deterioro progresivo en la prestación del servicio de salud que afecta a millones de usuarios.
Fundamentos legales de la decisión
La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio No. 072, el cual responde a una acción popular cuyo objetivo principal es proteger el derecho colectivo a la moralidad administrativa y evitar un perjuicio irremediable para los usuarios del sistema de salud. El tribunal determinó que, lejos de mejorar la situación de la EPS, la intervención ordenada por la Supersalud en noviembre de 2024 y prorrogada en 2025, habría profundizado significativamente los problemas administrativos, financieros y asistenciales de la entidad.
Según los magistrados, el plan de acción implementado durante la intervención "no ha mostrado resultados satisfactorios", al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración. Además, el tribunal señaló que "no se observa el cumplimiento de las acciones de mejora que dieron lugar a la intervención", lo que incluso hubiese justificado su continuidad de haberse ejecutado adecuadamente.
Obstáculos en la implementación de la orden judicial
Pese a la clara orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, la restitución efectiva de la administración de Coosalud EPS aún no se ha concretado. Natalia Largo González, accionante de la acción popular que originó el Auto Interlocutorio No. 072, informó que "a la fecha, no se ha realizado la entrega efectiva de la administración, ni el empalme operativo, ni el acceso integral a la información, procesos y herramientas necesarias para asumir la gestión de la entidad en los términos ordenados por el Tribunal".
Largo González enfatizó que quienes resultaron amparados por esta medida judicial reiteran que su único interés es asumir cuanto antes sus responsabilidades para trabajar por los 3,3 millones de afiliados de Coosalud EPS, estabilizar la operación y fortalecer la atención en todo el territorio nacional.
Consecuencias de la demora en la entrega
Cada día que pasa sin que se concrete la entrega efectiva de la administración representa una postergación del objetivo principal de la decisión judicial: recuperar condiciones de gestión que permitan responder de mejor manera a:
- Los usuarios del sistema de salud
- La red prestadora de servicios médicos
- Las obligaciones propias del sistema de salud colombiano
La accionante advirtió que cualquier comunicación que sugiera que la orden judicial ya se cumplió, o que intente modificar el destinatario definido por la providencia judicial, no se corresponde con el alcance real de la decisión adoptada por la autoridad competente.
Compromiso con una transición ordenada
Para Natalia Largo González, existe una disposición absoluta para llevar a cabo una transición ordenada, técnica y transparente, dentro del marco legal y con pleno respeto institucional. "Hoy lo que esperan los usuarios, los prestadores y el país no son interpretaciones ambiguas ni nuevos obstáculos. Esperan cumplimiento efectivo, estabilidad operativa y continuidad en el servicio", concluyó la representante legal.
Esta decisión judicial marca un precedente importante en la supervisión de las intervenciones forzosas en el sistema de salud colombiano, especialmente cuando estas medidas no cumplen con los objetivos establecidos y, por el contrario, agravan las condiciones de prestación del servicio para millones de colombianos.
