Santander enfrenta crisis silenciosa de explotación sexual infantil
El departamento de Santander se encuentra en medio de una crisis silenciosa pero recurrente que afecta principalmente a los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja y Girón. Según un reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), esta región ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Las alarmantes cifras del Dane
El estudio de caracterización sobre explotación sexual comercial de menores, primera medición estadística oficial sobre este tema, revela datos preocupantes. Santander registró 1.079 casos denunciados en el Sistema Penal Oral Acusatorio durante la última década, específicamente entre 2015 y 2025. Solo Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca presentan cifras más elevadas.
A nivel nacional, la situación es igualmente grave: 22.697 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual en los últimos diez años. Las estadísticas muestran que las mujeres son las principales afectadas, representando el 81,8% de los casos. Por grupos de edad:
- Adolescentes entre 14 y 17 años concentran más del 60% de los casos
- Niños y niñas entre 0 y 13 años representan el 36% restante
Durante el mismo período, 18.883 personas han sido vinculadas a procesos judiciales por estos delitos en todo el país.
El problema del subregistro y los factores agravantes
Pese a las cifras oficiales, expertos advierten sobre un subregistro significativo que oculta la verdadera magnitud del problema. El Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEGS) y el semillero Dignitas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) han documentado esta realidad en estudios recientes.
"Las cifras están lejos de reflejar la realidad", señalan los investigadores. "Se estima un subregistro de estos delitos debido principalmente a las barreras y dificultades para su detección, denuncia, investigación y sanción".
En Santander, el fenómeno se ve agravado por múltiples factores:
- Relaciones asimétricas de género
- Pobreza y desigualdad económica
- Cosificación de los cuerpos de niños y niñas
- Consecuencias del conflicto armado
- Trabajo infantil
- Violencia intrafamiliar
- Abandono familiar
- Vínculo de cuidadores con la prostitución
Definición y modalidades del delito
La explotación sexual comercial ocurre cuando un menor es utilizado en actividades sexuales a cambio de dinero, bienes o cualquier otro beneficio. Se trata de una forma de violencia basada en el aprovechamiento económico y psicológico. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha advertido que este delito genera las segundas mayores utilidades ilícitas en Colombia.
Las modalidades más frecuentes incluyen:
- Pornografía con personas menores de 18 años
- Utilización de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores
- Inducción a la prostitución infantil
Un fenómeno recurrente, no aislado
Casos recientes, como la banda capturada hace menos de siete meses en El Socorro que utilizaba menores para explotación sexual, evidencian la persistencia del problema en la región. "No se debe hablar de la explotación sexual comercial como un fenómeno extraño, sino como una realidad social con consecuencias económicas e impacto en el desarrollo comunitario", alerta el Observatorio de Mujeres.
La creencia errónea de que son eventos aislados o que no ocurren en territorio santandereano dificulta su detección, identificación e investigación. María Delgado, trabajadora social de la UIS y cofundadora del semillero Dignitas, advierte: "El impacto de estos delitos en la vida de las víctimas, sus familias y la sociedad en general es de gran magnitud".
Importancia de la denuncia y políticas públicas
Piedad Urdinola, directora del Dane, destacó la importancia del informe: "Le estamos entregando al país, por primera vez, una medición que representa un avance en la producción de información sobre un fenómeno complejo y de difícil medición, aportando insumos clave para la toma de decisiones basadas en evidencia".
Alix Rocío Rodríguez, del Grupo Interno de Trabajo Capital Social del Dane, explica que "las cifras nos permiten tener un acercamiento al fenómeno, y eso es clave para que toda la sociedad se sienta responsable de la protección de los menores de edad y permita orientar la política pública".
Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier situación de violencia contra menores de edad a través de:
- Línea de emergencia 123
- Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- Denuncia directa ante la Policía Nacional
La crisis silenciosa de Santander requiere atención urgente, mayor visibilidad y acciones coordinadas entre instituciones, sociedad civil y comunidad para proteger a los niños, niñas y adolescentes de esta grave vulneración de derechos.
