Gobierno Nacional prorroga intervención de Nueva EPS hasta 2027
Tras un período de incertidumbre jurídica que dejó a la Nueva EPS sin una dirección clara, el Gobierno Nacional ha oficializado la prórroga de la intervención administrativa forzosa de la aseguradora más grande del país. Según información exclusiva, esta medida extiende el control estatal sobre la entidad por un año adicional, estableciendo como fecha límite el 10 de abril de 2027.
Nuevo interventor y plan de trabajo obligatorio
Junto con esta extensión, el Ejecutivo designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como el nuevo interventor encargado de ejecutar una hoja de ruta para la recuperación de la entidad. La resolución, conocida por fuentes oficiales, establece en su primer artículo la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS. Esta decisión busca subsanar el vacío legal generado tras el vencimiento de la medida anterior el 3 de abril, situación que mantuvo a la aseguradora en un limbo jurídico durante varios días.
El documento gubernamental impone condiciones estrictas para esta nueva etapa. Jorge Iván Ospina cuenta con un plazo máximo de 30 días calendario a partir de su posesión para presentar un plan de trabajo ante la Dirección de Medidas Especiales para EPS. Este plan debe abordar de manera integral los frentes críticos que enfrenta la aseguradora, incluyendo:
- Atención directa a los usuarios
- Saneamiento de las finanzas
- Resolución de reclamaciones de salud con prioridad en casos de riesgo vital
Rezago procesal y crisis en la red de servicios
Uno de los mandatos principales de la resolución es la resolución de fondo de las reclamaciones de salud, otorgando prioridad absoluta a aquellos casos clasificados como de riesgo vital. Esta instrucción responde al notable deterioro en la capacidad de respuesta de la Nueva EPS, la cual lideró el ranking nacional de quejas en 2025 con más de 518.000 reclamos. Además, el texto reconoce la existencia de un rezago procesal masivo, con más de 120.000 acciones de tutela que aún no han sido abiertas.
La intervención también deberá hacer frente a la crisis de servicios en diversas regiones. La resolución exige una evaluación exhaustiva de la red de prestadores para asegurar la continuidad de la atención, en un contexto donde clínicas como Avidanti en Manizales, San Rafael en Armenia y la Clínica Primavera en Villavicencio han suspendido servicios debido a la falta de pagos por parte de la EPS.
Opacidad financiera y medidas de salvamento
En el ámbito financiero, el panorama descrito por el documento es de alta complejidad. La resolución ordena la implementación de medidas de salvamento para cumplir con las condiciones de solvencia del sistema de salud, incluyendo estrategias para el recaudo de cartera ante la dirección y entes territoriales. Sin embargo, se destaca que el monto real de las deudas es actualmente desconocido, dado que los estados financieros de la entidad no han sido actualizados ni presentados desde que inició la primera intervención en 2024.
Finalmente, el nuevo interventor tendrá facultades de control total, debiendo revisar y liquidar contratos con prestadores, monitorear los procesos jurídicos vigentes para mejorar la defensa técnica de la entidad y fortalecer un modelo de atención preventiva que reduzca la siniestralidad y la interposición de tutelas. Esta nueva fase de intervención reconoce la profundidad de una crisis marcada por deudas millonarias y la pérdida de confianza de los prestadores de salud.
