Análisis académico propone ajustar incentivos y más recursos para reformar salud colombiana
El sistema de salud colombiano enfrenta una presión financiera creciente que requiere soluciones estructurales, según un análisis académico presentado por la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. El documento plantea que la discusión pública debería centrarse menos en desmontar la arquitectura institucional y más en corregir fallas de diseño y funcionamiento.
Logros y desafíos del modelo actual
El principal logro del modelo implementado desde la Ley 100 de 1993 es la cobertura casi universal, que alcanza cerca del 99% de la población asegurada, con niveles de gasto de bolsillo bajos en comparación internacional. Para un país de ingreso medio, este resultado refleja avances significativos en equidad y protección financiera.
Sin embargo, estos logros conviven con fallas estructurales que comprometen la sostenibilidad, calidad y legitimidad del sistema. El documento señala que el país requiere más recursos, pero sobre todo "mejores incentivos para gastarlos bien", cuestionando la coherencia entre el diagnóstico oficial y las soluciones propuestas en la reforma impulsada por el actual Gobierno.
Problemas centrales del sistema
Uno de los problemas más graves identificados es la insuficiencia crónica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Distintos actores advierten desde hace años que esta prima no crece al ritmo de las necesidades reales de atención. El envejecimiento poblacional, la transición hacia enfermedades crónicas y la incorporación de nuevas tecnologías han elevado el gasto de manera sostenida.
La Corte Constitucional, en el Auto 2049 de 2025, declaró "el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC para el año 2024", respaldando la tesis de subfinanciación sistémica. Esta situación genera un acortamiento del horizonte de decisión de las EPS, donde inversiones en calidad o prevención pasan a percibirse como gastos postergables.
El análisis identifica otros desafíos críticos:
- Desbalance entre eficiencia y calidad: La competencia entre EPS opera de forma limitada debido a información fragmentada para los afiliados.
- Heterogeneidad territorial: En amplias zonas rurales y periféricas la oferta es escasa y concentrada, eliminando cualquier competencia real.
- Rigideces de la Ley Estatutaria de Salud de 2015: El reconocimiento de la salud como derecho fundamental amplió el universo de servicios cubiertos, dificultando la priorización tecnológica.
- Integración vertical entre EPS e IPS: Puede generar eficiencias pero también estrategias de exclusión cuando una EPS privilegia su red propia.
Regulación farmacéutica y sus efectos
En el frente farmacéutico, la regulación de precios implementada desde 2012 corrigió excesos históricos. La implementación de precios techo basados en referenciación internacional produjo reducciones significativas y ahorros fiscales. No obstante, se identificaron efectos colaterales, ya que en algunos segmentos, los techos actuaron como puntos focales y elevaron precios que antes eran menores.
Críticas a la propuesta gubernamental
La reforma propuesta por el Gobierno plantea reducir o eliminar el rol de las EPS como aseguradoras y trasladar la ordenación del gasto a entidades públicas. El análisis advierte que cuando ningún actor asume riesgo financiero, los incentivos para controlar el gasto se diluyen.
La sustitución de la negociación tarifaria por un manual nacional enfrenta dificultades en un país con alta heterogeneidad de costos y capacidades regulatorias limitadas. "Sin sistemas robustos de información, podría generar asimetrías, quiebras hospitalarias o rentas injustificadas", afirman los investigadores.
Recursos necesarios y conclusiones
El documento anticipa que el próximo gobierno heredará un sistema bajo presión financiera y con desconfianza entre actores. Será necesario destinar más recursos públicos, posiblemente "del orden de dos puntos adicionales del PIB en la próxima década".
Sin embargo, enfatiza que este esfuerzo fiscal solo será socialmente rentable si se acompaña de reformas que mejoren los incentivos y preserven los logros en cobertura y protección financiera. La conclusión principal es que el sistema no es un fracaso, pero requiere ajustes profundos.
El desafío no consiste en partir de cero, sino en corregir incentivos, reconocer la heterogeneidad territorial y asegurar que cada peso adicional invertido genere el mayor bienestar posible para la población colombiana.
