Procuraduría abre investigación disciplinaria contra interventor de Nueva EPS por muerte de menor con hemofilia
Tras semanas de incertidumbre y el clamor de una familia por justicia, el Ministerio Público ha emitido un pronunciamiento determinante respecto a los hechos que rodearon el fallecimiento del pequeño Kevin Arley Acosta. El caso, que ha despertado una profunda sensibilidad en la opinión pública nacional, entra en una nueva fase legal tras el hallazgo de presuntas fallas administrativas y asistenciales en la ruta de atención del paciente.
Negligencia administrativa en la entrega de medicamento vital
Luego de un exhaustivo análisis técnico y forense, la Procuraduría General de la Nación estableció que la muerte del menor, quien padecía de hemofilia, no fue un evento aislado de la progresión natural de su condición, sino el resultado de una omisión institucional. Según el ente de control, la Nueva EPS no garantizó la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, fármaco vital para el manejo de su patología, lo que derivó en un deterioro clínico irreversible.
Crisis en la cadena de suministro de fármacos
La investigación detalló una preocupante ruptura en la prestación del servicio. El menor permaneció aproximadamente dos meses sin recibir su tratamiento debido a conflictos financieros entre la EPS y sus prestadores. Inicialmente, la IPS Medicarte suspendió el suministro alegando falta de pago; posteriormente, la responsabilidad debió ser asumida por la IPS Integral, la cual tampoco pudo ejecutar la atención al no recibir los recursos correspondientes por parte de la aseguradora.
Esta parálisis administrativa dejó al niño en una situación de vulnerabilidad extrema. “La responsabilidad recae estrictamente sobre la Nueva EPS, que no aseguró la entrega del fármaco indispensable para el control de la enfermedad”, señala el informe del Ministerio Público, subrayando que la falta de flujo financiero terminó por vulnerar el derecho fundamental a la vida del paciente.
Acciones penales y riesgo para otros pacientes
El alcance de este fallo no se limita únicamente al caso de Kevin Acosta. El Ministerio Público lanzó una advertencia sobre la estabilidad del sistema para otros usuarios en condiciones similares. Según el reporte oficial, cerca de 200 pacientes adscritos a las mismas IPS podrían encontrarse en una situación de alto riesgo, al no contar con una atención médica asegurada ni garantías de continuidad en sus terapias biológicas.
Ante la gravedad de los hallazgos, el organismo de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el interventor de la Nueva EPS, Óscar Galvis. Asimismo, se confirmó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se inicie el rastreo penal de las personas que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad directa en el fallecimiento del menor.
La decisión de la Procuraduría marca un precedente significativo en la protección de los derechos de pacientes con enfermedades crónicas en Colombia, estableciendo claramente la responsabilidad de las entidades de salud en garantizar la continuidad de tratamientos vitales.
