Fuerte cuestionamiento al manejo del ministro de Salud tras tragedia evitable
Resulta profundamente preocupante que las autoridades sanitarias del país intenten transferir responsabilidades hacia los ciudadanos más vulnerables, en lugar de asumir los errores cometidos desde las altas esferas del poder. Los ministros y funcionarios públicos tienen la obligación ética de reconocer sus fallas y corregir el rumbo cuando sus decisiones afectan a la población.
Una tragedia que pudo evitarse
Durante los últimos tres años y medio, el Ministerio de Salud ha tomado decisiones cuestionables, pero ninguna tan grave como la reacción del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante la muerte de un niño de siete años con hemofilia. El menor, cuyo nombre era Kevin, falleció después de una caída, pero la verdadera causa fue la falta de acceso a medicamentos esenciales durante más de un mes.
Desde el 2 de diciembre, el niño no recibió el tratamiento necesario para su trastorno de coagulación, a pesar de las reiteradas solicitudes de su familia. Este caso expone las graves fracturas de un sistema de salud que parece priorizar intereses sectarios sobre el conocimiento médico y el bienestar de los pacientes.
Violación de principios médicos fundamentales
En sus declaraciones públicas, el ministro Jaramillo olvidó por completo el principio hipocrático fundamental: "Primum non nocere" (ante todo, no hacer daño). Sus afirmaciones y acciones al frente de la cartera de Salud han demostrado ser perjudiciales para pacientes, profesionales médicos e instituciones hospitalarias por igual.
Resulta especialmente cruel que el ministro haya insinuado que la madre del niño tuvo responsabilidad por permitirle tener una infancia normal, incluyendo actividades como montar bicicleta. La hemofilia es una enfermedad compatible con una vida plena cuando se recibe tratamiento adecuado y oportuno, no cuando los burócratas deciden autorizarlo.
Fanatismo e intransigencia en el manejo sanitario
Los dos ministros de Salud del gobierno actual han manejado sus carteras con una actitud de intransigencia y fanatismo que ha generado conflictos innecesarios. Esta postura ha llevado a decisiones erróneas y a proponer reformas carentes de fundamento técnico sólido.
Si bien es cierto que el sistema de salud colombiano enfrentaba problemas estructurales antes de la actual administración, la intervención estatal a las EPS no ha logrado convertirlas en entidades más eficientes ni sensibles a las necesidades de los pacientes. La corrupción histórica del sector tampoco justifica las fallas actuales.
Responsabilidad compartida y llamado a la acción
La comunidad médica reconoce su propia responsabilidad en la crisis actual. Los profesionales de la salud no supieron protestar con suficiente fuerza mientras observaban cómo la terquedad y la ignorancia deterioraban un sistema que había demostrado su eficacia en la protección de millones de colombianos.
La tragedia de Kevin no debe convertirse en bandera política para ningún sector. Lo que requiere el sistema de salud es inteligencia, consenso y acciones concretas que prioricen la vida y la dignidad de los pacientes por encima de cualquier interés particular.
Finalmente, es necesario reiterar con claridad: la madre de Kevin no tuvo culpa alguna en esta tragedia. La responsabilidad recae en un sistema que falló y en autoridades que no supieron garantizar el derecho fundamental a la salud.
