Ministerio de Salud denuncia graves irregularidades en atención médica de población carcelaria
El Ministerio de Salud y Protección Social, bajo el liderazgo de Guillermo Alfonso Jaramillo, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, con copias a la Procuraduría y la Contraloría, por presuntas irregularidades en la administración de recursos y en la prestación de servicios de salud dirigidos a la población privada de la libertad en Colombia.
Desafiliación masiva del sistema de salud
La cartera de salud evidenció que aproximadamente 104 mil personas que se encuentran intramuros no están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En contraste, cerca de 48 mil individuos en prisión domiciliaria sí están afiliados al régimen subsidiado y reciben atención a través de las EPS, lo que muestra un tratamiento diferenciado cuya legalidad está siendo investigada.
Irregularidades presupuestales y contractuales
Entre las principales irregularidades identificadas se encuentran:
- Aprobación del presupuesto 2026 sin revisión del Consejo Directivo, el cual fue conocido después de que el Presupuesto General de la Nación ya había sido aprobado.
- Inclusión de un déficit superior a $70.000 millones imputado a la ADRES sin análisis técnico ni aval del Consejo.
- Existencia de contratos fiduciarios sin liquidar, incluyendo el Contrato 145 de 2019, que generó una pérdida de COP 81.000 millones sin registro formal como déficit.
- Contratación de una empresa consultora por COP 400 millones para evaluar el modelo de atención, cuya idoneidad técnica es cuestionada y cuyo informe no cumplió el objeto contractual.
Omisiones en la implementación de mejoras
El Ministerio también señala la omisión en la implementación de un nuevo modelo de atención en salud para esta población, a pesar de que en julio de 2025 el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud ordenó reformular el esquema y avanzar en la afiliación al régimen subsidiado. Además, se menciona la falta de denuncias ante autoridades por las irregularidades discutidas en el Consejo.
Estas acciones, según Minsalud, comprometen la confiabilidad financiera del Fondo Nacional de Salud y violan normativas vigentes que exigen garantizar el aseguramiento en salud para todas las personas privadas de la libertad.
