Defensoría del Pueblo advierte sobre graves riesgos en transición de salud para población carcelaria
La Defensoría del Pueblo manifestó una profunda preocupación frente a la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, que estableció un esquema de operador único para la prestación del servicio de salud, el cual quedará ahora bajo la responsabilidad de la Nueva EPS.
Preocupación fundada en la situación crítica de Nueva EPS
La alerta emitida por el organismo defensor se sustenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, entidad que ha estado intervenida desde hace varios años. La Defensoría cuestiona la capacidad real de esta EPS para asumir la atención integral de más de 100.000 personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional.
"La Defensoría recuerda que la Corte Constitucional ha declarado y reiterado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario", señaló el organismo, haciendo referencia a las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022.
Antecedentes constitucionales y fallas estructurales persistentes
Estas decisiones judiciales han evidenciado fallas estructurales persistentes en el sistema, particularmente en lo que respecta a la garantía del derecho fundamental a la salud de la población carcelaria. Más recientemente, el Auto 607 de 2024 demostró la persistencia de graves barreras de acceso a servicios de salud para esta población vulnerable.
En este contexto crítico, la Defensoría advirtió sobre la importancia crucial de realizar una transición que cuente con estudios técnicos suficientes y que ofrezca garantías reales de continuidad asistencial. Una adecuada planeación es fundamental para evitar:
- Interrupciones en tratamientos médicos establecidos
- Suspensión del suministro de medicamentos esenciales
- Pérdida de oportunidad en la atención médica urgente
Riesgo de contravenir la legislación en materia de salud
La entidad alertó que, sin las debidas garantías, esta transición podría contravenir la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que establece de manera explícita la prohibición de retrocesos en la garantía del derecho a la salud para todos los colombianos, incluyendo la población privada de la libertad.
Adicionalmente, la Defensoría reveló que desde el pasado mes de enero de 2024 solicitó formalmente ser invitada a las sesiones del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud. Este pedido tenía como objetivo aportar al proceso de toma de decisiones desde su rol constitucional de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, a través de sus delegadas para la Política Criminal y Penitenciaria y para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social.
Falta de respuesta y solicitudes específicas a las autoridades
"Sin embargo, no recibimos ninguna respuesta a nuestra solicitud", manifestó el organismo, lo que aumenta la preocupación sobre la transparencia y participación en este proceso de vital importancia.
Ante esta situación, la Defensoría instó de manera urgente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a garantizar la prestación inmediata, continua y sin interrupciones de todos los servicios de salud durante todo el proceso de transición hacia el nuevo operador único.
Asimismo, solicitó formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social y a la misma USPEC que presenten y socialicen de manera pública:
- Los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan la implementación del esquema de operador único
- El plan de red integral de prestadores de servicios de salud
- La relación completa de contratos establecidos para esta transición
Exigencias de un plan de transición detallado y con enfoque diferencial
A las entidades responsables, la Defensoría también les exigió diseñar y socializar un plan de transición detallado que incluya cronograma específico, responsables claramente identificados y mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación.
En sus solicitudes, el organismo enfatizó la necesidad de garantizar un enfoque diferencial y de derechos humanos, con atención especial y reforzada para:
- Mujeres gestantes y en período de lactancia
- Personas adultas mayores
- Población LGBTIQ+
- Personas con discapacidad
- Pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo
- Personas con trastornos de salud mental
Compromiso de activación de mecanismos de protección
Finalmente, la Defensoría del Pueblo manifestó su compromiso institucional de activar todos los mecanismos de su competencia en el momento en que se adviertan riesgos concretos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad. El organismo mantendrá una vigilancia estrecha sobre este proceso que afecta a más de cien mil personas en situación de especial vulnerabilidad dentro del sistema carcelario colombiano.
