Crisis del sistema de salud colombiano se intensifica con medida presidencial
La conocida expresión que señala que toda situación, por mala que sea, puede empeorar, encuentra un triste reflejo en el actual panorama de la salud en Colombia. Todo esto surge a raíz de la orden perentoria emitida por el presidente Gustavo Petro a su ministro de Hacienda, instruyendo la liquidación de todas las EPS que se encuentren en estado de quiebra.
Un hito en la gestión gubernamental del sistema de salud
Incluso para un país acostumbrado a las decisiones controvertidas provenientes de la Casa de Nariño, esta nueva determinación marca un punto de inflexión. Si el mandatario tuviera un mínimo sentido de autocrítica, debería reconocer el papel determinante que ha jugado su administración en hacer inviable el modelo de aseguramiento y, específicamente, en el deterioro de las instituciones bajo su control.
Basta recordar que la Superintendencia Nacional de Salud mantiene vigentes ocho medidas de intervención administrativa sobre EPS tanto del régimen contributivo como subsidiado. Estas entidades, al cierre de enero pasado, concentraban el 47 por ciento de los afiliados al sistema, equivalente a 23,4 millones de personas. La mitad de estos afiliados pertenecen a la Nueva EPS, mientras que una cuarta parte adicional está distribuida entre Coosalud y Famisanar.
Deterioro acelerado bajo tutela estatal
Este grupo de entidades intervenidas muestra los indicadores de gestión más deficientes, los cuales se han agravado significativamente bajo la supervisión gubernamental. Según reportes oficiales, antes de la intervención, estas sociedades presentaban un patrimonio negativo de 4,1 billones de pesos y pasivos por más de 10 billones. Para noviembre, el deterioro patrimonial había aumentado en 11 billones de pesos adicionales, mientras que las acreencias se incrementaron en 13,7 billones.
Resulta especialmente preocupante que esta medida parezca una forma de lograr por la puerta trasera lo que los tribunales habían negado por la principal. Comprender por qué en un período relativamente corto se produjo semejante debacle no es complicado. Más allá de una política explícita de asfixiar financieramente a las EPS, debemos considerar el desgreño administrativo que incluye el paso, hasta enero, de 33 interventores designados por los cuatro superintendentes que han ocupado el cargo durante este gobierno.
Consecuencias humanas de la crisis administrativa
Los colombianos han sido quienes han pagado las consecuencias de este desorden. Son numerosos los casos documentados de personas que han fallecido por no recibir medicamentos o atención médica oportuna. En comparación con los datos de mediados de 2022, el número de peticiones, quejas y reclamos se ha más que duplicado, alcanzando los 205.842 mensuales en septiembre.
Todo indica que la declaración presidencial no puede desligarse del decreto de territorialización, que afortunadamente fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Esta suspensión detuvo temporalmente la intención de concentrar exclusivamente en la Nueva EPS a todos los afiliados bajo control gubernamental, por lo cual ahora la estrategia parece ser eliminar las demás entidades para alcanzar el mismo objetivo.
Implicaciones financieras y legales de la medida
Sin embargo, este paso requeriría una capitalización billonaria que resulta injustificable en múltiples aspectos. Esto no parece importarle a un Ejecutivo que ha desacatado órdenes de la Corte Constitucional y pretende presentar nuevamente la misma reforma que el Congreso ya rechazó. Si el legado para la próxima administración ya era preocupante, ahora se encamina a ser todavía más lamentable.
La situación actual del sistema de salud colombiano representa un grave retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud, afectando directamente a millones de ciudadanos que dependen de estos servicios para su bienestar y supervivencia.
