La politización del sector salud: un riesgo para la vida de los colombianos
En un movimiento que ha generado amplia controversia, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha designado a Daniel Quintero como superintendente de Salud y a Jorge Iván Ospina como director de la Nueva EPS. Estas designaciones ocurren en un contexto electoral donde el mandatario busca transferir su favorabilidad, que oscila entre el 40% y 45%, hacia el candidato presidencial Iván Cepeda.
El patrón histórico de los nombramientos proselitistas
Es una práctica recurrente en los finales de gobierno: desde la presidencia se canalizan recursos estatales y se designan funcionarios con el objetivo claro de favorecer a candidatos aliados del gobierno saliente. Algunos mandatarios, como Álvaro Uribe, lograron con éxito endosar su popularidad y asegurar la sucesión de figuras afines. Otros, como Juan Manuel Santos e Iván Duque, fracasaron en construir candidatos viables.
En la actual coyuntura, Petro está empleando todos los medios a su disposición para movilizar los recursos gubernamentales en apoyo de Iván Cepeda, cuya candidatura se fortaleció tras su papel en el proceso judicial contra Uribe. Aunque posteriormente el expresidente fue liberado, Cepeda se consolidó como héroe dentro del sector más genuinamente izquierdista del Pacto Histórico.
La contradicción entre el discurso limpio y la práctica clientelista
Mientras Cepeda promueve una campaña distante de la clase política tradicional y de las maquinarias clientelistas, su principal elector, el presidente Petro, no ha dudado en utilizar prácticas cuestionables con recursos estatales. Como reconoció el mismo Gustavo Bolívar, sin estas alianzas y métodos, el Pacto Histórico no habría alcanzado la presidencia en 2022.
La designación de Quintero y Ospina representa precisamente este tipo de politización. Ninguno de los dos cuenta con conocimiento técnico significativo en el complejo sector de la salud, mientras que sus habilidades más destacadas se encuentran en la producción de votos. Sus gestiones como alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente, son recordadas por pobres resultados administrativos y escándalos de corrupción.
El sector salud: víctima de la ambición electoral
Lo verdaderamente alarmante no es simplemente el nombramiento de operadores políticos en tiempos electorales, sino el área específica donde se les ubica: el sector de la salud colombiano, que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Este sector enfrenta problemas financieros y de gestión que requieren expertise técnico y dedicación exclusiva.
Existe una incompatibilidad fundamental entre administrar eficientemente los recursos públicos en un contexto de crisis sanitaria y, simultáneamente, convertir esos mismos recursos en herramientas de proselitismo político efectivo. Todo indica que Quintero y Ospina priorizarán esta última función.
El costo humano de la politización sanitaria
El verdadero precio de estos nombramientos no se medirá en términos políticos o electorales, sino en vidas humanas. Utilizar el sector salud como moneda de cambio para ganar elecciones demuestra una ausencia total de compasión y responsabilidad social.
En medio de una crisis que afecta directamente el bienestar de millones de colombianos, estas designaciones representan un riesgo adicional para un sistema ya debilitado. La sociedad deberá estar atenta a cómo se desarrolla esta situación, mientras el gobierno prioriza objetivos electorales sobre la salud pública.
