Gremio médico cuestiona legalidad de traslado masivo de afiliados ordenado por decreto gubernamental
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha emitido una alerta contundente sobre la legalidad del traslado obligatorio de aproximadamente 6,5 millones de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), ordenado mediante el Decreto 0182 expedido el pasado 25 de febrero por el Gobierno Nacional. Según el pronunciamiento oficial del gremio, esta medida carece completamente de sustento legal al modificar sustancialmente las reglas de aseguramiento en salud sin contar con la autorización expresa del Congreso de la República.
Respuesta presidencial y defensa de la reforma sanitaria
El pronunciamiento de Acemi generó una respuesta inmediata y directa del presidente Gustavo Petro, quien defendió con firmeza la necesidad de transformar el modelo de salud colombiano, priorizando la vida de los ciudadanos por encima de consideraciones normativas. A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó abiertamente la posición del gremio médico, argumentando que el actual sistema dispersa a los afiliados en todo el territorio nacional, lejos de los servicios de salud disponibles.
Frente a la controversia suscitada por los traslados masivos ordenados de manera administrativa, el jefe de Estado se pronunció para defender el rumbo de sus políticas sociales y la legalidad de sus intenciones frente al sistema sanitario colombiano. Petro afirmó categóricamente que "claro que insistimos en la reforma a la salud y se aprobará más temprano que tarde", justificando el accionar de su administración bajo el argumento de que "es indudable que la salud debe ser reformada por ley" y sentenciando que "la vida de la gente está por encima de cualquier cosa".
Advertencias específicas sobre las implicaciones del decreto
De acuerdo con la información periodística documentada, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, explicó detalladamente que el nuevo decreto introduce una transformación sustancial en el territorio nacional, obligando a las EPS con menor presencia en ciertos municipios a ceder su población hacia aquellas con mayor número de afiliados. La directiva señaló con preocupación que "este movimiento de población entre las EPS se da entre entidades que no tienen balance operativo", advirtiendo sobre las graves implicaciones logísticas y financieras de esta habilitación forzosa.
Aunque Vesga reconoció que la regionalización territorial del aseguramiento tiene sentido desde el punto de vista conceptual para buscar eficiencia en la atención médica, concluyó que la medida actual es "inoportuna" e "imprudente", debido a que las personas que hoy están afiliadas a una entidad que les presta correcta atención serán enviadas a instituciones receptoras que actualmente se encuentran en crisis operativa y financiera.
Preocupaciones sobre el agravamiento de la crisis sanitaria
Esta dinámica de traslados masivos, detalló la representante gremial, "profundiza la crisis del sistema y agrava la situación para miles de pacientes" al sumarlos a un modelo que ya padece una profunda "fragilidad estructural, financiera y de atención". La medida afectaría directamente a millones de colombianos que verían modificada su EPS asignada sin su consentimiento y sin garantías sobre la continuidad en la calidad de los servicios médicos recibidos.
Sobre la viabilidad jurídica de la normativa, Vesga recordó que el Consejo de Estado declaró el año anterior la suspensión provisional del Decreto 885 bajo el argumento de que los cambios al esquema de aseguramiento tienen reserva estricta de ley. Por este motivo fundamental, explicó que "no puede el Gobierno Nacional insistir en implementar la reforma a la salud y los cambios estructurales al sistema de salud a través de decreto", repitiendo un error jurídico que atenta directamente contra la estabilidad del sector sanitario nacional.
Acciones legales y perspectivas futuras
En consecuencia, Acemi anunció que insistirá en las vías legales disponibles, tal como lo hizo durante la fase de consulta pública del decreto, para prevenir lo que califican como "un daño mayor e irreversible a un sistema ya frágil". El gremio médico advierte que en este escenario de incertidumbre normativa, los colombianos expresan preocupación diaria sobre el futuro de su atención en salud y la sostenibilidad del modelo de aseguramiento.
La polémica se enmarca en un contexto donde, según Acemi, las deudas del sector salud se han incrementado significativamente durante el Gobierno Petro, presentándose los principales problemas en las EPS que actualmente se encuentran bajo intervención estatal. Esta situación compleja plantea serios desafíos para la operación del sistema de salud colombiano y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos.
