Acemi cuestiona legalidad del Decreto 0182 que ordena traslado masivo de afiliados entre EPS
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha emitido una alerta contundente sobre la implementación del Decreto 0182, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 25 de febrero. Según la presidenta de la entidad, Ana María Vesga, esta normativa introduce cambios sustanciales en la operación de las EPS que carecen de fundamento legal y podrían agravar la ya delicada situación del sistema de salud.
Cambios estructurales sin respaldo legislativo
El decreto establece nuevas reglas de habilitación que obligarían a ciertas EPS a ceder su población afiliada en determinados municipios a otras entidades con mayor presencia en esas zonas. "El Gobierno Nacional no puede insistir en implementar la reforma a la salud y los cambios estructurales al sistema vía decreto", advirtió Vesga durante una declaración pública.
La dirigente explicó que esta medida afectaría directamente a aproximadamente 6,5 millones de colombianos que serían trasladados de una EPS a otra, muchas de las cuales se encuentran actualmente bajo medidas de intervención por problemas financieros y operativos.
Dos condiciones fundamentales incumplidas
Vesga detalló que, aunque conceptualmente la regionalización del aseguramiento podría buscar mayor eficiencia, en este caso específico no se cumplen dos condiciones esenciales:
- Reserva de ley: Según fallos previos del Consejo de Estado, los cambios a las reglas del aseguramiento requieren aprobación legislativa, no pueden implementarse mediante decretos gubernamentales.
- Fragilidad del sistema: El sistema de salud atraviesa actualmente una crisis estructural, financiera y de atención que afecta particularmente a las EPS intervenidas.
Riesgos para pacientes y sistema de salud
"Este movimiento de población entre las EPS se da entre entidades que no tienen balance operativo", señaló la presidenta de Acemi. Pacientes que actualmente reciben atención adecuada podrían ser transferidos a EPS con graves problemas de funcionamiento, lo que según Vesga no solo sería inoportuno sino imprudente.
La medida podría profundizar la crisis existente y empeorar la atención para miles de colombianos, particularmente aquellos que dependen de las EPS actualmente intervenidas por el gobierno.
Acciones legales anunciadas
Ante esta situación, Acemi ha anunciado que, en conjunto con otros actores del sector salud, recurrirá a todas las vías legales disponibles para prevenir lo que califican como "un daño mayor e irreversible a un sistema ya frágil".
La asociación ya había manifestado sus objeciones durante el período de consulta pública del decreto, pero advierte que el gobierno ha procedido sin atender las advertencias sobre la falta de sustento legal de la medida.
La situación pone en evidencia las tensiones entre el gobierno nacional y los actores privados del sistema de salud, en medio de una reforma que busca reestructurar radicalmente el modelo de aseguramiento en Colombia.
