El Tribunal Administrativo de Bolívar emitió un nuevo fallo que exige la devolución inmediata de la administración de Coosalud EPS a sus directivos legítimos. La decisión judicial suspende los efectos de la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Salud y ordena que la dirección de la entidad sea entregada a quienes fueron designados por su junta directiva.
Detalles del fallo judicial
En el punto tercero de la providencia, el tribunal precisa que los funcionarios habilitados para recibir la administración son Jaime González Montaño, nombrado como representante legal presidente mediante el acta 07 del 25 de mayo de 2018, y Natalia Largo González, designada como representante legal suplente según el acta 79 del 3 de marzo de 2023. La orden debe cumplirse de manera inmediata, sin dilaciones.
El tribunal enfatizó que la medida debe comunicarse y ejecutarse sin demora, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Este pronunciamiento se da en medio de un cruce de señalamientos públicos entre el Gobierno y los directivos de la EPS.
Antecedentes del caso
Días antes, la Superintendencia de la Economía Solidaria había señalado, en un comunicado del 17 de abril, que la intervención sobre la cooperativa Coosalud se mantenía vigente. La entidad sostuvo que la orden judicial de restablecimiento no implicaba el regreso automático a cargos de libre nombramiento y remoción, como la gerencia de la EPS.
En paralelo, el gerente Jaime González Montaño presentó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro por presuntas afectaciones a su buen nombre, derivadas de publicaciones en redes sociales. El 15 de abril, un juzgado administrativo de Bogotá declaró en desacato al mandatario al considerar que no se había retractado de afirmaciones realizadas, pese a decisiones judiciales previas.
Reacciones y próximos pasos
El presidente Petro, el 16 de abril, reiteró señalamientos en su cuenta de X sobre un presunto uso indebido de recursos públicos y cuestionó a integrantes de la junta directiva de la EPS. Estas afirmaciones se dieron pese a que los despachos judiciales habían advertido que no existía condena o sanción contra González Montaño.
La Superintendencia Nacional de Salud deberá acatar el fallo y preparar la entrega de la administración a los directivos designados. El caso continúa generando controversia en el ámbito político y judicial del país.
