Más de 308.000 servicios médicos presuntamente facturados a nombre de pacientes fallecidos y diagnósticos clínicamente inexplicables, como cáncer de cuello uterino en hombres, son el eje de lo que sería un desfalco que supera los 3,6 billones de pesos en el sistema de salud colombiano. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expuso estas irregularidades durante el Consejo de Ministros de este martes, 28 de abril, confirmando que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) desembolsó recursos públicos basándose en reportes alterados.
Hallazgos de la auditoría cruzada
Las anomalías salieron a la luz pública tras la ejecución de un mecanismo de contraste financiero. Esta herramienta de auditoría cruzada fue implementada por el Gobierno en estricto cumplimiento de una orden emitida por la Corte Constitucional, la cual exigió verificar el destino real de los giros estatales.
Diagnósticos imposibles y facturas ‘fantasma’
El cruce de bases de datos arrojó hallazgos que el jefe de la cartera calificó directamente como un “robo a mano armada”. El dato más alarmante corresponde a 308.138 personas fallecidas por las cuales distintas entidades emitieron cuentas de cobro. Aunque la normativa del sector otorga un margen administrativo de dos días posteriores al deceso para legalizar atenciones prestadas en vida, el rastreo oficial confirmó que las fechas de facturación superaron ampliamente este periodo de gracia, configurando el pago de atenciones inexistentes.
A la par, el rastreo evidenció graves incongruencias médicas radicadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Al dirigirse al presidente de la República, Jaramillo fue tajante y detalló el nivel de las irregularidades detectadas en las historias clínicas.
“Las enfermedades de cuello uterino diagnosticada en hombres, ¿cierto? Mutual ser. Aquí está la demanda con Compensar, pero nunca llegan, demandan es al ministro (...). Y nos encontramos que en estos años, desde el 19, lo único que hemos es pagado sobrecostos en medicamentos, porque los medicamentos tienen un presupuesto máximo de venta. Pues todos estos, más de 2 billones de pesos, fueron medicamentos que nos pagaron, que pagó el Adres con la plata de la gente, de los pobres de Colombia”, aseguró textualmente el ministro.
El agujero financiero de los presupuestos máximos
Esta figura funciona como una bolsa de recursos destinada a cubrir tecnologías, pañales, suplementos alimenticios y servicios excluidos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Históricamente, estos cobros presentaban un incremento desbordado de hasta el 55 % anual, operando en la práctica como una “olla rota” sin vigilancia, según el jefe de la cartera. Desde marzo de 2023, la implementación de un nuevo esquema de control exhaustivo liderado por el funcionario Félix Martínez logró frenar este crecimiento estadístico. En las primeras revisiones, se bloquearon pagos por 430.000 millones de pesos que carecían de todo sustento técnico y legal para ser desembolsados.
El ministro identificó que la maniobra principal consistía en un esquema de doble facturación. Clínicas y aseguradoras habrían estado cobrando tratamientos y medicamentos ya financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor base que el Estado gira por cada afiliado, pasándolos nuevamente por la vía paralela de los presupuestos máximos. Frente a todo esto, el Ejecutivo ya remitió los hallazgos a la Corte Constitucional y habilitó a los organismos de control para iniciar los procesos penales y fiscales correspondientes.
