Santandereanos: ¿Por qué no marchan contra la corrupción y problemas estructurales?
Santandereanos: ¿Por qué no marchan contra corrupción?

Santandereanos: Una raza trabajadora que calla ante los abusos

Los habitantes de Santander se han caracterizado históricamente por ser una comunidad pujante, trabajadora y de carácter firme, con una comunicación directa y sin adornos. Confían más en el esfuerzo propio que en la ayuda externa, pero existe una paradoja evidente: mientras son reconocidos por su viveza en múltiples aspectos, parecen haber desarrollado una notable resignación cuando se trata de reclamar sus derechos frente a las autoridades.

El silencio frente a la corrupción estructural

Tradicionalmente, las marchas y manifestaciones públicas expresan inconformidad frente a decisiones del ámbito público. Algunas se han institucionalizado y defienden derechos fundamentales, como la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, las conmemoraciones del Primero de Mayo o el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, en Santander persiste una pregunta incómoda: ¿para cuándo la gran movilización ciudadana contra los "contrataderos" y los políticos corruptos?

La corrupción se ha vuelto estructural en muchos casos, con leyes que se esquivan "legalmente", apellidos que se reciclan en el poder y una justicia que avanza con lentitud exasperante. Basta observar cómo algunos gobernantes y clanes políticos se transforman cual camaleones: unos creando mecanismos para eludir abiertamente la Ley 80 de Contratación Pública, otros manteniendo procesos judiciales vigentes mientras se postulan como candidatos al Senado por partidos tradicionales.

Problemas cotidianos que exigen respuesta ciudadana

La lista de motivos para la indignación colectiva es extensa:

  • Mototaxismo ilegal: Una actividad que agobia a los ciudadanos, cuyos actores son campeones en cometer infracciones viales y continúan operando con impunidad.
  • Alzas injustificadas de impuestos: El incremento desproporcionado del impuesto predial en municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, que en algunos casos alcanza el 100%, violando incluso disposiciones legales según documenta el urbanista Juan Manuel Álvarez.
  • Recargos ilegales: Contribuciones inventadas por mandatarios locales como tasas de seguridad, seguros de vida obligatorios en facturas de agua, o cobros por convivencia que han pasado de ser correctivos a convertirse en negocios lucrativos, como documentado en el caso de Girón.

Infraestructura abandonada y proyectos postergados

La falta de presión ciudadana también se manifiesta en el abandono de infraestructura vital para el departamento:

  1. La vía Curos-Málaga, que conecta regiones importantes de Santander, sigue esperando mejoras sustanciales sin que se haya organizado una protesta masiva no solo de la comunidad de García Rovira, sino de todos los santandereanos.
  2. La carretera Barbosa-San Gil, otro eje fundamental para la movilidad y el desarrollo económico regional, permanece en el olvido.
  3. La creación del Distrito Metropolitano de Bucaramanga, propuesta ampliamente analizada por expertos como Sergio Arenas y Alberto Montoya, sigue siendo una promesa incumplida que requiere presión política a nivel nacional y congresional.

La cultura de la resignación

Mientras los santandereanos no se movilicen y mantengan su silencio, otros continuarán tomando decisiones por ellos. Esta aparente resignación contrasta con el carácter tradicionalmente firme y emprendedor de la región. La pregunta que flota en el ambiente es si esta comunidad finalmente despertará para exigir transparencia, justicia y soluciones concretas a problemas que afectan su calidad de vida y desarrollo.

El llamado implícito es a romper con el "gen de la resignación" que parece haberse instalado y recuperar la capacidad de protesta organizada que caracteriza a sociedades que defienden activamente sus derechos. La historia reciente demuestra que los cambios significativos rara vez llegan por concesión, sino por exigencia colectiva.