La tensión ha vuelto a apoderarse de las carreteras del Bajo Cauca antioqueño. Un grupo de personas que se identifican como mineros informales mantiene un bloqueo total en la vía que conduce al sector de Guarumo, en la zona rural entre Caucasia y Cáceres. La manifestación ciudadana, que ha paralizado el flujo de habitantes y comerciantes, surge como respuesta a los recientes operativos de la Fuerza Pública contra la minería ilegal, acciones que dejaron como saldo la destrucción de varios motores y pequeñas dragas (conocidas como 'dragachas') utilizadas para la extracción de oro en la región.
Intimidación a transportadores
Sin embargo, la protesta social escaló a un escenario de intimidación en otros puntos de la subregión, particularmente en el municipio de Caucasia. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) emitió una alarmante denuncia pública en la que asegura que varios conductores de vehículos de carga pesada están siendo intimidados y obligados por los manifestantes a atravesar sus tractocamiones sobre la calzada, utilizándolos de manera forzosa como herramientas de presión y escudos humanos.
Rechazo del gremio transportador
Ante esta situación, el gremio de transportadores rechazó categóricamente estas vías de hecho, recordando que los conductores son civiles ajenos al conflicto que merecen plenas garantías de seguridad y protección en las rutas del país. Colfecar hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Fuerza Pública para que intervengan de inmediato con el fin de salvaguardar la vida de los transportadores, recuperar el control de la movilidad en este corredor vial estratégico y evitar desabastecimientos mayores.
Monitoreo de las autoridades
Hasta el momento de esta información las autoridades locales y los organismos de seguridad monitorean de cerca los puntos críticos para restablecer el orden público. Aunque no se han registrado enfrentamientos directos ni personas heridas, la parálisis vial amenaza con golpear nuevamente la economía local y la seguridad vial de una de las regiones más complejas del departamento. La situación sigue siendo evaluada por las autoridades competentes, quienes buscan una solución pacífica que permita el restablecimiento del tránsito y la protección de los derechos de todos los involucrados.
