URT revierte decisiones negativas para garantizar derechos territoriales de víctimas
El Gobierno nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), está ejecutando un proceso de revisión exhaustiva de decisiones negativas adoptadas en administraciones anteriores. Este esfuerzo tiene como objetivo principal fortalecer la garantía de derechos territoriales para las víctimas del conflicto armado en los departamentos de Bolívar y Sucre, donde históricamente se han registrado numerosos casos de despojo.
Plan de Acción 2026: revocatoria de cerca de 200 negaciones
La estrategia, enmarcada dentro del Plan de Acción 2026, contempla la revocatoria de aproximadamente 200 negaciones que en su momento impidieron el reconocimiento de derechos a familias que acudieron oportunamente a la entidad. Desde la Dirección Territorial Bolívar-Sucre, con sede en El Carmen de Bolívar, se informó que, una vez completado el procedimiento de revisión y revertidos los actos administrativos, los casos serán incorporados formalmente a la gestión institucional.
Este proceso incluye una verificación integral de cada expediente, abarcando aspectos jurídicos, sociales y catastrales. El propósito es garantizar que las nuevas decisiones se ajusten plenamente al marco normativo vigente y a los estándares probatorios establecidos, asegurando así la transparencia y legalidad de cada actuación.
Prioridad en la reparación integral y recuperación de confianza
De acuerdo con Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, la prioridad se centra en profundizar el trabajo con las comunidades afectadas y avanzar en la reversión de los efectos del despojo ocasionado por diversos actores, incluyendo grupos armados, intereses económicos e incluso instituciones. La entidad busca recuperar la confianza de las familias y consolidarse como una aliada estratégica en la defensa de sus derechos territoriales.
La URT indica que uno de los casos emblemáticos que evidencia este proceso es el de la familia Godoy, vinculado al conocido caso de La Camaronera. En este escenario, la violencia y los intereses privados confluyeron para facilitar el despojo de tierras. Tras una revisión exhaustiva por parte del equipo jurídico, la URT revocó el acto administrativo que había negado previamente la solicitud, logrando la inscripción del caso en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Este paso es crucial, ya que permitirá orientar la demanda ante los juzgados especializados en restitución de tierras.
Testimonios y perspectivas de las víctimas
Antonio Godoy, beneficiario directo de este proceso, expresó su gratitud y renovada esperanza: "En el pasado sufrimos presiones constantes que nos llevaron a ceder nuestras tierras en condiciones completamente injustas. Hoy, gracias al trabajo decidido de la URT, recuperamos la esperanza de reivindicar nuestros derechos y ver justicia en nuestro territorio."
Con esta iniciativa, la URT no solo busca fortalecer la seguridad jurídica de las víctimas, sino también mejorar la calidad de sus determinaciones administrativas. El objetivo final es asegurar que las víctimas del conflicto armado accedan de manera efectiva y oportuna a los mecanismos de reparación previstos por la ley, contribuyendo así a la construcción de una paz estable y duradera en estas regiones históricamente afectadas por la violencia.
