Manifestantes rurales de Jamundí exigen soluciones viales urgentes
Una movilización social se registró en el corregimiento de Robles, ubicado en el municipio de Jamundí, al sur del departamento del Valle del Cauca. Líderes comunitarios y habitantes salieron a las calles para protestar de manera pacífica, exigiendo intervención inmediata en las carreteras deterioradas de la región y denunciando el abandono histórico por parte de las autoridades locales y regionales.
El clamor por vías en condiciones
"Estamos aquí debido a la problemática, al olvido que nos tiene sometido la Administración Municipal", declaró un comunero durante la protesta. Los manifestantes señalaron específicamente el deterioro avanzado de las vías que conectan su comunidad con las zonas vecinas, situación que afecta directamente su movilidad y desarrollo económico.
Uno de los habitantes explicó con detalle: "Las obras que están inconclusas, que están comenzando aquí en Robles, ya tenemos seis meses en la calle que han levantado un alcantarillado. Volvieron y la taparon, pero sin meter los tubos. Entonces, eso nos está llevando a tener muchas dificultades en nuestra comunidad y las comunidades vecinas".
Preocupación por intervención prometida
La protesta también incluyó cuestionamientos sobre el cumplimiento de compromisos previos. Los líderes comunitarios se preguntan qué ha sucedido con la intervención prometida para la vía entre San Antonio y Villa Colombia, otros corregimientos de Jamundí, que según acuerdos previos debería ser ejecutada por la Gobernación del Valle del Cauca.
"¿O qué ha pasado con la intervención de la vía de río Claro y Villa Colombia que en una mesa de participación ciudadana se aseguró que sí la iban a intervenir?", cuestionó otro de los moradores del área rural durante la manifestación.
Denuncias de peajes ilegales y extorsión
Los manifestantes revelaron una situación aún más preocupante: la presencia de peajes ilegales operados por grupos disidentes en la región. Según testimonios recogidos, existe un peaje en la vereda El Descanso del corregimiento La Liberia y otro en la vereda El Pital, también en La Liberia.
La estructura ilegal cobra 12.000 pesos por carro y 5.000 por moto. Además, a una hora de distancia, obliga a la comunidad rural del corregimiento de San Antonio a pagar cuotas que en un año suman 600.000 pesos por persona, más rifas cuyas boletas son vendidas por los campesinos bajo amenazas, supuestamente para construir una carretera para este grupo subversivo.
Respuesta de las autoridades
Frank Ramírez, secretario de Infraestructura del departamento, respondió a las exigencias: "La Gobernación del Valle del Cauca ha ido trabajando con lo que se ha concertado con las comunidades en la zona alta de Jamundí. En este corredor que viene desde Jamundí, que pasa por San Antonio, que va hacia el sector de Villa Colombia se están haciendo especialmente hacia el sector de Río Claro, unos estudios y diseños porque se identificaron con la comunidad, con la mesa campesina, unos puntos críticos que requerían un nivel mayor de intervención".
El funcionario agregó que ya tienen los estudios y diseños completos y que en los próximos días estarán validándolos para iniciar las intervenciones pertinentes. También mencionó que se priorizó el apoyo con maquinaria que ya está trabajando en el sitio desde días atrás, específicamente en los sectores de La Liberia y Timba, que forman parte del mismo corredor vial.
"De esta forma, seguimos trabajando, cumpliendo a las comunidades, teniendo presencia en la zona y obviamente, la Gobernación está articulada con las comunidades de la mesa campesina, como con la Administración de Jamundí", manifestó Ramírez, destacando el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro en estos procesos.
Un cansancio acumulado
Los manifestantes expresaron un sentimiento generalizado de agotamiento frente a las promesas incumplidas. "Ya nosotros estamos cansados como comunidad de que la Administración municipal nos tenga en el olvido, nos tenga abandonado", afirmó uno de los participantes en la protesta, reflejando la frustración acumulada tras años de espera por soluciones concretas a sus problemas de infraestructura vial.
La movilización en Robles representa no solo una exigencia por mejoras en las vías, sino también un llamado de atención sobre las condiciones de abandono que enfrentan las comunidades rurales del sur del Valle del Cauca, donde la falta de infraestructura adecuada se combina con la presencia de grupos armados ilegales que aprovechan estas carencias para establecer mecanismos de extorsión y control territorial.
