Gobierno Petro avanza en decreto para Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con vigencia hasta 2036
El gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra desarrollando un decreto ejecutivo para establecer el "Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos", una política de Estado que tendría vigencia hasta el año 2036. Este proceso, que actualmente se encuentra en etapa de consultas sobre un borrador del acto administrativo, está siendo coordinado con la participación de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.
Enfoque en acceso a tierras y reforma rural integral
Uno de los aspectos más destacados del borrador es el capítulo dedicado al acceso a tierras, desarrollado con asesoría de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El documento propone medidas concretas para impulsar la reforma rural, cumpliendo así con compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de 2016.
Entre las acciones planteadas se encuentran:
- Realizar un inventario completo de predios incautados en procesos de extinción de dominio ubicados en municipios de intervención prioritaria.
- Acelerar la definición de procesos de extinción de dominio pendientes.
- Avanzar en la enajenación temprana a favor de la ANT de inmuebles rurales afectados por medidas cautelares en procesos de extinción de dominio en curso.
- Adjudicar estas tierras a campesinos sin tierra o a comunidades étnicas beneficiarias de la reforma rural integral.
El documento también contempla acciones específicas sobre terrenos baldíos, proponiendo su recuperación con el mismo propósito de redistribución equitativa.
Origen y alcance multidimensional del plan
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos tiene sus orígenes en el año 2018 y ha sido construido mediante un proceso participativo con organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos. Además del componente agrario, el plan incluye medidas en otros ámbitos fundamentales como salud y educación, buscando un enfoque integral de protección y promoción de derechos.
Evaluación de impacto de grandes proyectos de infraestructura
Otro punto relevante del borrador aborda "la ejecución de grandes obras de infraestructura y de operaciones empresariales de gran dimensión". El documento propone la realización de un estudio exhaustivo para determinar los impactos negativos de estos proyectos sobre:
- La disponibilidad y accesibilidad de alimentos en las regiones afectadas.
- Las condiciones de vida de las poblaciones en condición de pobreza en las áreas de operación.
Este estudio deberá contener recomendaciones de políticas específicas dirigidas a establecer obligaciones de debida diligencia para las autoridades responsables de las obras de infraestructura y para la regulación de actividades empresariales. El objetivo es garantizar una gestión adecuada de los riesgos de afectación de los derechos económicos y sociales de las comunidades locales.
El proceso de consulta del borrador continúa su curso, mientras el gobierno nacional busca consolidar una política de derechos humanos de largo plazo que responda a los compromisos históricos del Estado colombiano.
