Presidente Petro alerta sobre amenazas mortales contra director de la Agencia Nacional de Tierras
En un pronunciamiento de alta gravedad, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, ha sido objeto de amenazas de muerte. Según el mandatario, esta situación se enmarca en lo que calificó como una ofensiva sistemática de mafias que buscan apropiarse ilegalmente de tierras en la estratégica región del Magdalena Medio.
Origen de las amenazas y vínculos con estructuras criminales
Durante su intervención, el jefe de Estado identificó al presunto responsable de las amenazas: Federico Almanza, a quien señaló directamente como testaferro del denominado 'Cartel de las Marionetas'. Petro manifestó su preocupación con una pregunta retórica contundente: "¿Quiere matar al director de la ANT?", evidenciando la seriedad del riesgo que enfrenta el funcionario.
Inmediatamente después de esta revelación, el presidente solicitó acciones concretas y urgentes al ministro de Defensa y a la Policía Nacional, exigiendo medidas de protección inmediatas para garantizar la integridad física del director Harman.
Contexto territorial: la disputa por predios en el Magdalena Medio
Petro explicó que detrás de estas amenazas se esconde un intento organizado de despojo contra campesinos que han sido beneficiarios de la reforma agraria. Particularmente en el Magdalena Medio, se estarían disputando predios que fueron objeto de extinción de dominio, un mecanismo legal para recuperar tierras que habían estado en manos de estructuras ilegales.
El presidente alertó sobre una ofensiva criminal para recuperar estos bienes y devolverlos a las mismas estructuras ilegales que los perdieron, lo que, según sus palabras, "pondría en riesgo los avances históricos en materia de acceso a la tierra para los campesinos colombianos".
La respuesta del gobierno: protección y fortalecimiento institucional
"La mafia quiere tomarse los terrenos de los campesinos", afirmó Petro con contundencia, al insistir en la necesidad imperiosa de fortalecer los mecanismos de protección para quienes han sido beneficiarios de los procesos de redistribución de tierras.
Como parte de la respuesta estatal, el mandatario planteó la creación o fortalecimiento de unidades especializadas de la Policía cuyo objetivo específico sería garantizar la seguridad de los campesinos vinculados a la Reforma Agraria. Esta medida busca contrarrestar lo que describió como una disputa violenta por el control territorial en regiones donde se adelantan procesos de redistribución.
Marco político: la reforma agraria como eje central
El pronunciamiento presidencial se produce en un contexto de crecientes tensiones alrededor de la implementación de la política de tierras, uno de los ejes centrales del gobierno Petro. Estas declaraciones coinciden con múltiples denuncias sobre presiones, intimidaciones y amenazas en diversas regiones del país donde se están adelantando procesos de redistribución de tierras.
La situación evidencia los enormes desafíos de seguridad que enfrenta la implementación de la reforma agraria en Colombia, particularmente en regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados y estructuras criminales dedicadas al acaparamiento de tierras.
