Entrega de tierras en Puerto Boyacá
En un acto celebrado en Puerto Boyacá, conocido ahora como la ‘Capital de la Reforma Agraria’ en el Magdalena Medio, el presidente Gustavo Petro, junto al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, entregó oficialmente 5.300 hectáreas a 510 familias campesinas, en su mayoría víctimas del conflicto armado. Esta acción comprende 49 predios, de los cuales 21 están vinculados a procesos de extinción de dominio y activos ilegales. Con esta entrega, se superan las 19.000 hectáreas entregadas por la ANT en la subregión del Magdalena Medio, una zona históricamente afectada por el narcotráfico y la violencia paramilitar.
Declaraciones del presidente y del director de la ANT
Durante el evento, el mandatario afirmó que su prioridad es recuperar las tierras tomadas ilegalmente para devolverlas al campesinado colombiano. “La orden que he dado es seguir dándole prioridad a la recuperación de la tierra ilegalmente tomada por narcos, corruptos, la que es de baldíos, la que fue expropiada al campesinado, la que fue adquirida con dineros oscuros, para que la Agencia Nacional de Tierras, lo más rápido que pueda, se la entregue efectivamente al campesinado de Colombia”, aseguró Petro. Por su parte, Harman, quien fue recibido con una ovación de varios minutos por los campesinos, destacó que la Reforma Agraria es una realidad respaldada por más de 700.000 hectáreas devueltas en todo el país. “Ya son más de 19.000 hectáreas las que hemos entregado en Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Yondó, La Dorada, Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín, Tamalameque, Puerto Salgar, además de este municipio donde hoy estamos: Puerto Boyacá. Todo esto es un paso fundamental para revertir décadas de acumulación ilegal y avanzar en la construcción de paz”, señaló.
Detalles de los predios entregados
Entre los predios entregados se encuentran: La Gloria, Hoy Jamaica, Hacienda La Herradura, La Aurora, La Estrella, El Almendral, La Ponderosa, LT Sin la Gloria, El Rincón, Hacienda El Edén, Las Brisas, El Martirio, Parte de Ojo de Agua, Santa Marta, El Recreo, El Prado, La Primavera, La Esperanza 1, La Esmeralda, Tierra Bella y La Fredy. De estos, 21 estuvieron vinculados a procesos de extinción de dominio, medidas cautelares y administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Algunos, como El Recreo, El Prado y La Primavera, fueron utilizados para ocultar activos ilegales; otros, como Las Brisas, El Martirio, La Esmeralda y La Fredy, reflejan la estrecha relación entre la propiedad rural y el conflicto armado en la subregión, cuyos principales actores fueron los paramilitares.
Reacciones de los beneficiarios
Sandra Patricia Isaza, representante legal de la Asociación Agropecuaria Emprendedores Isla El Jardín, agradeció al Gobierno y resaltó que esta iniciativa “ha dado la oportunidad de impulsar la dignidad para nuestra comunidad, porque ahora tenemos el predio Los Alpes, donde vamos a cultivar arroz, ahuyama, patilla y otros alimentos. Es la semilla de la Reforma Agraria”. Por su parte, Ludirlena Pérez Carvajal, representante de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestionando Paz, enfatizó: “Agradecemos esta valiosa oportunidad y también la abrazamos porque estas tierras nos van a servir como medida de restauración temprana, nos van a servir para seguir un legado de rescate cultural, campesino y ancestral de nuestros usos y costumbres”.
Contexto histórico y legal
Puerto Boyacá fue durante años uno de los principales escenarios de consolidación del paramilitarismo en Colombia, donde la tierra sirvió como instrumento de control territorial, social y político, y como mecanismo de blanqueo de capitales a través de testaferrato y transacciones de recursos del narcotráfico. Ahora, estos predios recuperados por la ANT transitan hacia un uso legítimo y productivo, volviendo a manos de los campesinos que durante años soñaron con volver a arar la tierra. Este acto se realiza luego de que la Corte Constitucional resolviera a favor la demanda interpuesta por el director Harman contra el Decreto Ley 902 de 2017, relacionado con la implementación de la Reforma Rural Integral. “La Corte le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir del 2027, la Jurisdicción Agraria con o sin el apoyo del Congreso. Es una decisión de la Sala Plena que le pone punto final a la espera de las campesinas y los campesinos de tener una justicia al alcance y el acceso de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”, comentó Harman.
De esta manera, la entrega de predios se presenta como un eslabón concreto dentro de la política pública de tierras del actual gobierno, que continuará desarrollando acciones enmarcadas en la Reforma Agraria para que la tierra cumpla su función social con quienes históricamente han sido excluidos de su acceso, y para quienes realmente la trabajan, siendo el motor de las familias y el campo.
