Contrato de arriendo por apenas $220 mil mensuales desata complejo conflicto legal por isla en el Caribe colombiano
Un contrato de arriendo por apenas $220.430 mensuales por una isla en el Caribe colombiano ha desatado un complejo conflicto legal entre un empresario y el Estado, generando controversia por el uso de bienes públicos de alto valor turístico.
Ocupación irregular y contratos cuestionados
Andrés Jorge Lisocki Fryde y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mantienen un litigio luego de que la entidad recuperara el control de Isla Fiesta, un paraíso baldío insular de la Nación ubicado en el archipiélago de las Islas del Rosario. Según la información oficial, este predio habría sido ocupado "irregularmente" por el empresario entre 2002 y mediados de 2006.
Posteriormente, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) formalizó la ocupación mediante un contrato de arrendamiento que inició en abril de 2007 y se extendió hasta abril de 2015. Al vencerse ese primer contrato, Lisocki Fryde, representante legal de Inversiones Piamonte —inmobiliaria con sede en Cali—, tenía un plazo de dos meses para devolver el terreno.
Sin embargo, según la ANT, nunca lo entregó y, en noviembre de 2015, lo habría vuelto a ocupar de manera irregular. De acuerdo con la información oficial, el Incoder le otorgó un nuevo contrato de arrendamiento por ocho años más, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023, por un canon mensual de $220.430, para actividades de recreación y ecoturismo en un área de aproximadamente 600 metros cuadrados.
Recuperación estatal y batalla judicial
Una vez finalizado este segundo contrato, el empresario debía restituir el predio en un plazo de dos meses. No obstante, se rehusó a hacerlo y, según la ANT, "siguió explotándolo sin permiso y sin pagar arriendo". Ante esta situación, la entidad recuperó la isla el 27 de enero de 2026 con apoyo de la fuerza pública local.
En medio del conflicto, Lisocki Fryde interpuso una acción de tutela para volver a ocupar el bien de la Nación y continuar pagando el mismo canon de arrendamiento. Sin embargo, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena la declaró improcedente.
Posteriormente, presentó otra tutela ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. En esta instancia, el magistrado Moisés Rodríguez revocó la decisión inicial, amparó su derecho al debido proceso y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras restituirle la posesión de Isla Fiesta en un plazo de 48 horas desde la notificación.
Crítica a contratos irrisorios por bienes públicos
Tras esta decisión, la ANT respondió interponiendo una nueva acción de tutela en defensa de la administración de los baldíos de la Nación. En un comunicado, la entidad cuestionó este tipo de contratos: "Es lamentable subrayar que han favorecido a empresarios y personas influyentes, que han pagado arriendos irrisorios por bienes públicos similares a Isla Fiesta, mientras que en las Islas del Rosario la estadía de una sola noche puede costar más de un millón de pesos".
Asimismo, la Agencia precisó que el canon de arrendamiento del predio fue ajustado a un valor cercano a los 11 millones de pesos, evidenciando la enorme discrepancia entre el valor real del bien público y lo que se venía pagando durante años.
El caso ha generado un intenso debate sobre la administración de los bienes públicos en zonas turísticas de alto valor, donde contratos con cánones significativamente por debajo del mercado podrían representar un detrimento patrimonial para el Estado colombiano.
