Abogado de Maduro denuncia que sanciones de EE.UU. impiden financiar su defensa legal
El equipo jurídico del presidente venezolano Nicolás Maduro presentó una grave denuncia ante el tribunal federal de Nueva York que supervisa su caso. Barry Pollack, abogado defensor principal, argumentó formalmente que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense están imposibilitando que su cliente pueda cubrir los honorarios legales necesarios para su adecuada representación judicial.
Obstáculos financieros en el proceso judicial
En una carta dirigida al magistrado Alvin Hellerstein, la defensa detalló que las sanciones económicas vigentes contra Venezuela bloquean específicamente la transferencia de recursos desde el país sudamericano para sufragar los costos del equipo jurídico. Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York desde su captura el pasado 3 de enero en Caracas, durante un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses que ha generado significativas repercusiones diplomáticas y jurídicas internacionales.
Según los documentos presentados, el 7 de enero de 2026 los abogados de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, solicitaron licencias específicas ante la OFAC para obtener autorización formal que permitiera ejercer la defensa y recibir pagos provenientes del Gobierno venezolano. La práctica institucional establece que el Estado asume los gastos legales del jefe de Estado y la primera dama, un procedimiento que ahora enfrenta obstáculos sin precedentes.
Cambio unilateral en las autorizaciones
La OFAC concedió inicialmente las licencias requeridas el 9 de enero, pero según la defensa, horas más tarde la entidad modificó unilateralmente la autorización correspondiente a Maduro, excluyendo expresamente la posibilidad de aceptar fondos oficiales destinados a cubrir los costos legales. En contraste, la licencia otorgada a Flores no habría sufrido modificaciones sustanciales, creando una situación asimétrica en el tratamiento de ambos casos.
Las medidas de la OFAC contra Maduro incluyen:
- Congelación completa de activos en territorio estadounidense
- Bloqueo de cuentas bancarias y financieras
- Prohibición de transacciones con personas o entidades estadounidenses
- Restricciones específicas sobre transferencias internacionales
Impacto en el derecho a la defensa
Pollack sostuvo que esta restricción concreta afecta directamente la capacidad del acusado para contratar y mantener a su equipo de defensa, lo que en su criterio jurídico podría impactar negativamente su derecho constitucional a una representación adecuada dentro del sistema judicial estadounidense. El equipo legal ha solicitado formalmente a la OFAC restablecer la licencia original que permitía recibir pagos para cubrir los honorarios profesionales, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una decisión definitiva al respecto.
Mientras las sanciones buscan restringir el acceso a recursos financieros del gobierno venezolano, la defensa argumenta que estas medidas no deberían obstaculizar el ejercicio fundamental del derecho a la defensa en un proceso penal. En los próximos días, el tribunal federal deberá evaluar cuidadosamente el alcance de esta controversia legal que combina elementos de derecho penal internacional, sanciones económicas y garantías procesales.
Posibles desarrollos judiciales
Si se mantienen las restricciones actuales de la OFAC, la defensa de Maduro podría solicitar una intervención judicial directa para garantizar los mecanismos de pago necesarios que permitan continuar con la representación legal adecuada. Este caso establece un precedente significativo sobre cómo las sanciones económicas internacionales interactúan con los derechos procesales básicos en sistemas judiciales extranjeros.
La situación ha generado un intenso debate jurídico sobre los límites de las sanciones financieras cuando estas colisionan con garantías fundamentales del debido proceso. Expertos en derecho internacional observan cuidadosamente este desarrollo, ya que podría establecer criterios importantes para futuros casos similares que involucren a líderes extranjeros procesados en tribunales estadounidenses.
