Maduro enfrenta obstáculo crucial en su defensa legal en Estados Unidos
El expresidente venezolano Nicolás Maduro se encuentra en una situación financiera crítica para enfrentar su proceso judicial en Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificara una licencia que le permitía recibir fondos del gobierno venezolano para cubrir sus honorarios legales.
La carta reveladora al juez Hellerstein
En una comunicación dirigida al juez federal Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el caso en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el abogado defensor Barry J. Pollack detalló la compleja situación. Según el documento, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, revocó específicamente la autorización para que Maduro recibiera pagos del Estado venezolano, mientras mantuvo intacta la licencia correspondiente a su esposa, Cilia Flores.
El equipo legal argumenta que, conforme a la legislación y práctica venezolana, corresponde al Estado asumir los gastos de defensa del presidente y la primera dama. Esta expectativa se vio frustrada cuando, el 9 de enero de 2026, la OFAC concedió inicialmente ambas licencias pero, en menos de tres horas, modificó unilateralmente la correspondiente a Maduro.
Implicaciones constitucionales y procesales
Los abogados de Maduro sostienen que esta decisión viola derechos fundamentales. "Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de defensa del señor Maduro, OFAC está interfiriendo con su capacidad para contratar abogado y, por lo tanto, con su derecho bajo la Sexta Enmienda a contar con el abogado de su elección", afirma el escrito presentado ante el tribunal.
La defensa subraya que Maduro carece de recursos propios para financiar su representación legal y que, desde el 11 de febrero, solicitaron sin éxito la restitución de la licencia original. Mientras tanto, destacan que la OFAC ha continuado otorgando autorizaciones para transacciones comerciales entre entidades estadounidenses y el gobierno venezolano en otros contextos.
Antecedentes del caso y próximos pasos
El proceso penal contra Maduro se remonta a 2020, cuando fiscales federales en Nueva York lo acusaron, junto a varios altos funcionarios venezolanos, de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, en lo que denominaron el "Cartel de los Soles". Según la acusación, el grupo habría utilizado estructuras estatales venezolanas para facilitar el envío de grandes cantidades de droga.
Tras años de avances en ausencia del acusado, el caso tomó un giro decisivo con la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 y su posterior comparecencia ante la corte neoyorquina. En la audiencia inicial, el juez Hellerstein había pedido a la Fiscalía colaborar con la defensa para asegurar que las licencias de OFAC permitieran una representación "plena y celosa".
Calendario judicial y posibles desarrollos
La defensa ha advertido que, si la OFAC no actúa favorablemente en los próximos días, presentará una moción formal solicitando intervención judicial. Mientras tanto, ambas partes han iniciado conversaciones para establecer un calendario de escritos en previsión de este escenario.
La próxima audiencia de Maduro y su esposa fue reprogramada para el jueves 26 de marzo de 2026, reemplazando la fecha original del 17 de marzo. Este aplazamiento fue acordado entre fiscalía y defensa, con autorización del juez Hellerstein.
Esta controversia abre un frente adicional en un caso ya cargado de implicaciones políticas y diplomáticas. La decisión sobre la financiación de la defensa podría derivar en un debate más amplio sobre el alcance de las sanciones estadounidenses y su interacción con derechos constitucionales en procesos penales federales, estableciendo un precedente significativo para casos internacionales de alta complejidad.
