Cooperante colombiano recupera la libertad tras prolongado encarcelamiento en Venezuela
Las autoridades venezolanas liberaron este martes al trabajador humanitario colombiano Manuel Alejandro Tique, quien permaneció detenido durante diecisiete meses en condiciones que organizaciones internacionales calificaron como arbitrarias. El Consejo Danés para los Refugiados (DRC), organización para la cual laboraba Tique al momento de su captura, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial.
Reencuentro familiar y proceso de recuperación
El cooperante, de 33 años de edad, fue entregado en la frontera colombiana de Cúcuta y posteriormente trasladado a Bogotá, donde finalmente pudo reunirse con sus familiares tras más de un año de separación forzada. Según informaron fuentes cercanas al caso, Tique será sometido a exhaustivos exámenes médicos para evaluar su estado de salud tras el prolongado período de reclusión.
"Nos alegra compartir esta noticia. Después de 17 meses de detención en Venezuela, Alejandro, un trabajador humanitario del Consejo Danés para los Refugiados, está en su país, Colombia", anunció la organización internacional en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía del activista ya en territorio colombiano.
Circunstancias de la detención y violaciones procesales
Manuel Alejandro Tique fue arrestado en septiembre de 2024 en el estado venezolano de Apure, región fronteriza con Colombia, mientras participaba activamente en una misión humanitaria coordinada por el DRC. Según denunció la organización no gubernamental, su detención careció de fundamentos legales claros y durante todo su encarcelamiento enfrentó graves vulneraciones a sus derechos procesales.
El trabajador humanitario no tuvo acceso a representación legal adecuada ni a asistencia consular por parte de las autoridades colombianas, situación que mantuvo durante diecisiete meses. Además, solo pudo establecer comunicación con su familia en una única oportunidad, lo que generó profunda preocupación entre sus seres queridos y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Contexto de excarcelaciones y cifras contradictorias
La liberación de Tique se produce en medio de un controvertido proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno venezolano. Según datos proporcionados por la mayor coalición opositora del país, al menos 391 presos políticos han recuperado su libertad desde el pasado 8 de enero. Por su parte, la organización no gubernamental Foro Penal contabiliza 383 liberaciones en el mismo período.
El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez asegura que este proceso inició en diciembre de 2025 y que desde entonces han sido liberadas al menos 895 personas con medidas cautelares. Sin embargo, la administración venezolana no ha publicado listas oficiales que permitan verificar individualmente cada caso, generando escepticismo entre observadores internacionales.
Persistencia de detenciones políticas y campaña familiar
Organizaciones de derechos humanos sostienen que, a pesar de las excarcelaciones recientes, centenares de personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela. El Foro Penal cifra en 687 el total de presos políticos actuales, calificación que el gobierno venezolano rechaza categóricamente.
La familia de Manuel Alejandro Tique había emprendido en los últimos meses una intensa campaña pública solicitando la mediación de la Cancillería colombiana para lograr su liberación. Esta presión constante, sumada al trabajo de organizaciones internacionales, contribuyó finalmente a su excarcelación.
Llamado a la protección de trabajadores humanitarios
Organizaciones humanitarias internacionales reiteraron tras la liberación de Tique que los trabajadores de ayuda no deben ser objeto de persecución ni criminalización en el ejercicio de sus labores. Este principio fundamental del derecho internacional humanitario busca garantizar la seguridad de quienes prestan asistencia en contextos de crisis y conflicto.
El caso de Manuel Alejandro Tique representa uno de los más de noventa colombianos que, según registros de organizaciones de derechos humanos, permanecen detenidos por razones políticas en Venezuela. Su liberación marca un hito significativo en las complejas relaciones bilaterales entre ambos países, aunque persisten numerosos casos pendientes de resolución.
