Un tribunal federal de Estados Unidos suspendió este miércoles de forma cautelar las sanciones impuestas en 2025 por la Administración de Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. La decisión judicial considera que las medidas podrían constituir una restricción inconstitucional a la libertad de expresión.
Detalles de la suspensión
El juez federal de Washington, Richard León, emitió la resolución en el marco de una demanda presentada por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, y su hija, ciudadana estadounidense. La medida suspende temporalmente los efectos principales de las sanciones, que incluían la prohibición de entrada a Estados Unidos y el bloqueo de activos en el sistema financiero estadounidense.
Albanese anunció la decisión en su cuenta de X y destacó que la resolución indica que "la libertad de expresión siempre es del interés público". La suspensión se basa en que las sanciones podrían vulnerar la Primera Enmienda al estar dirigidas contra el contenido del discurso de Albanese, lo que exige el más alto nivel de escrutinio.
Antecedentes de las sanciones
En julio de 2025, el entonces secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones contra Albanese, quien ha acusado duramente a Israel de cometer crímenes de guerra, incluido un genocidio, en la Franja de Gaza. Rubio declaró: "La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa".
El Departamento de Estado de EE. UU. reiteró a principios de 2026 que las sanciones "son legales y apropiadas" y sostuvo que Albanese "ha apoyado abiertamente el antisemitismo y el terrorismo, y ha recurrido al 'lawfare' (guerra jurídica)" contra EE. UU. y sus intereses.
Reacciones internacionales
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó las sanciones de "inaceptables" y de "peligroso precedente". Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también condenaron las medidas. Albanese afirmó que las sanciones son "la culminación de un acoso que es realmente innecesario".
La demanda argumenta que el Gobierno de Trump violó los derechos a la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en las Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas. El texto de la denuncia insiste en que las sanciones son una "herramienta poderosa" contra actividades terroristas, pero advierte que "se abusa de ellas cuando buscan silenciar puntos de vista desfavorecidos y violar los derechos constitucionales de personas que no son del agrado del Gobierno".
Mientras dure la suspensión, Albanese podrá ingresar a Estados Unidos y recuperar el acceso a sus activos financieros, hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.
