Chile inicia proceso de expulsión de migrantes irregulares de países andinos
El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció desde Buenos Aires que su gobierno implementará en las próximas semanas un proceso gradual de expulsión dirigido a migrantes en condición irregular, con especial atención a ciudadanos provenientes de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Esta declaración se produjo durante su primer viaje oficial al exterior, donde se reunió con su homólogo argentino, Javier Milei.
Advertencia oficial y llamado a salida voluntaria
Kast fue enfático al señalar que su administración ya ha convocado a quienes ingresaron al país "por la ventana" para que abandonen Chile de manera voluntaria. "Hemos convocado a las personas que entraron por la ventana a Chile a salir voluntariamente... si no lo hacen voluntariamente, esa posibilidad (de vivir en Chile) se va a cerrar definitivamente", afirmó el mandatario durante su intervención.
El presidente explicó que su gobierno busca aplicar la ley sin generar alteraciones sociales, pero dejando claro que se enfrentarán todas las conductas fuera del marco legal, incluyendo específicamente la migración irregular. La estrategia diseñada pretende que las personas sin documentos salgan del territorio chileno y, si desean regresar, inicien desde cero su solicitud formal de residencia.
Corredor humanitario y medidas complementarias
Como parte de este proceso, Kast mencionó la posibilidad de habilitar un "corredor humanitario" terrestre para facilitar la salida hacia países vecinos como Perú, Ecuador o Colombia. En el caso específico de Venezuela, el mandatario expresó su esperanza de que se restablezcan los vuelos hacia ese país, lo que evitaría la necesidad del corredor por vía terrestre.
Expertos en migración han advertido que esta medida podría dejar en situación de extrema vulnerabilidad a miles de personas que no tendrían garantías de poder retornar a sus países de origen de manera segura y ordenada.
Detención de procesos de regularización y nuevas leyes
Como primera acción concreta de su agenda migratoria, Kast ordenó detener inmediatamente el proceso de regularización de 182.000 migrantes que había sido impulsado por el gobierno anterior de Gabriel Boric. Esta decisión estaba entre sus principales promesas de campaña y marca un cambio radical en la política migratoria chilena.
Además, el presidente anunció que presentará al Congreso chileno dos proyectos de ley fundamentales:
- Un proyecto para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular al país
- Un proyecto para tipificar como delito la entrada ilegal a Chile
Impacto económico y social
Organizaciones chilenas especializadas en migración han expresado su preocupación por el impacto que estas decisiones podrían tener. Según datos proporcionados por estos organismos:
- Aproximadamente 338.000 personas se encuentran actualmente en situación irregular en Chile
- De ese total, 182.000 personas habían entregado sus datos en el proceso de registro anterior que ahora ha sido suspendido
- Los migrantes contribuyen con cerca del 10% del Producto Interno Bruto chileno
- La falta de regularización dejaría a miles de trabajadores sin acceso a derechos laborales básicos y protección social
Esta nueva política migratoria representa un giro significativo en el enfoque que Chile había mantenido en los últimos años y podría tener repercusiones importantes en las relaciones con los países vecinos, particularmente aquellos cuyos ciudadanos serán afectados directamente por las medidas de expulsión.
