En poco más de un año, la administración de Donald Trump ha implementado decenas de medidas migratorias, consolidando este tema como la prioridad de su segundo mandato. Desde modificaciones en visas y asilo hasta nuevas restricciones en salud, educación y acceso a servicios, la política migratoria se ha convertido en el principal laboratorio de su agenda. Muchas de estas decisiones, aunque diseñadas para controlar los flujos hacia Estados Unidos, tienen efectos directos e indirectos en la vida de miles de colombianos, tanto de quienes viajan por turismo o negocios como de quienes ya residen en el país con distintos estatus migratorios.
En las últimas semanas, la Casa Blanca ha acelerado el ritmo con anuncios y ajustes de alto impacto que endurecen aún más las condiciones de entrada y permanencia. A continuación, los siete cambios más significativos desde comienzos de este año.
1. Nuevas preguntas en visas de turismo o entrada temporal
El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó a todas las representaciones consulares de Estados Unidos incluir dos preguntas obligatorias en las entrevistas para visas de no inmigrante. Los solicitantes deben indicar si han sufrido maltrato en su país de origen y si temen regresar. Responder afirmativamente implica la denegación inmediata de la visa, pues las autoridades podrían interpretar una intención de permanecer y solicitar asilo. Sin embargo, negar ese temor también tiene consecuencias: si la persona pide asilo más adelante, el gobierno podría considerar que mintió, constituyendo fraude migratorio. La medida apunta a quienes usan visas temporales como vía para luego solicitar asilo, un mecanismo que la administración considera abusado. Críticos sostienen que se limita el derecho a solicitar asilo, consagrado en la ley estadounidense.
2. Pago obligatorio para solicitantes de asilo
A partir del 29 de mayo, los solicitantes de asilo deberán pagar una tarifa inicial y una cuota anual mientras su caso esté pendiente. La regla, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece que quien no pague en un plazo de 30 días tendrá su solicitud cancelada automáticamente. El esquema fija un cobro de 100 dólares por presentar el caso (formulario I-589) y otros 100 dólares por cada año sin decisión. Aunque el cobro fue aprobado por el Congreso en 2025, lo nuevo es la consecuencia directa del impago: la anulación del proceso en semanas y la pérdida inmediata de beneficios como el permiso de trabajo. Organizaciones migratorias advierten que podría reducir el número de casos activos y limitar el acceso a esta protección.
3. Programa Daca en la mira
La administración Trump ha intensificado la presión sobre los beneficiarios de Daca, que protege de la deportación a jóvenes que llegaron siendo niños. La estrategia actual apunta a debilitarlo progresivamente. La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que un juez se equivocó al usar el estatus de Daca como única razón para cerrar un caso de deportación. El fallo establece que tener Daca ya no basta por sí solo para impedir una remoción. A esto se suman advertencias de que los beneficiarios pueden perder su estatus si son arrestados o cometen infracciones menores, el retiro de beneficios como seguros de salud subsidiados, investigaciones contra universidades que otorgan becas y acciones para eliminar matrículas estatales reducidas. Críticos sostienen que se trata de una estrategia para presionar a estos jóvenes a salir voluntariamente. Entre 3.000 y 3.500 colombianos están cobijados por el programa, la mayoría personas que crecieron en EE. UU. y no tienen vínculos reales con Colombia.
4. Restricciones al sistema bancario para migrantes en evaluación
La administración Trump evalúa una orden ejecutiva que podría restringir el acceso de inmigrantes al sistema financiero. Según reportes del Mass Deportation Project, la propuesta está en desarrollo. La idea sería obligar a los bancos a verificar el estatus migratorio de sus clientes, lo que implicaría solicitar documentación adicional para abrir o mantener cuentas y aplicar controles más estrictos al otorgar créditos. Actualmente, las normas permiten abrir cuentas con pasaportes o el número ITIN, sin exigir prueba de estatus legal. Cambiar ese esquema podría dejar fuera del sistema formal a millones de personas y reforzar la estrategia de “autodeportación”.
5. Aceleración de la desnaturalización para millones de migrantes
Revocar la ciudadanía a una persona naturalizada ha sido históricamente excepcional. Entre 1990 y 2024, apenas unas 425 personas fueron desnaturalizadas, un promedio de 12 casos al año. Ahora, la administración busca alcanzar hasta 200 desnaturalizaciones mensuales, es decir, unas 2.400 al año. Los casos suelen basarse en fraude en el proceso de naturalización, ocultación de antecedentes penales, mentira sobre vínculos con organizaciones criminales o terrorismo, o inconsistencias en la información suministrada. Expertos advierten que el cambio no es solo de volumen sino de enfoque, y que podría generar incertidumbre entre millones de ciudadanos naturalizados.
6. Restricciones al acceso a salud
Una reforma aprobada por el Congreso en 2025 redefine quién puede acceder a programas de salud como Medicare, Medicaid y los subsidios de seguros bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Más de 1,4 millones de inmigrantes legales podrían perder la cobertura, entre ellos miles de colombianos. Parte de los cambios comenzarán a entrar en vigor en octubre de este año, pero el impacto más fuerte se sentirá hacia enero de 2027. El golpe más severo recae sobre Medicare, el seguro de salud para personas mayores. Bajo las nuevas reglas, algunos beneficiarios perderán ese acceso, quedándose sin apoyo del Estado en la jubilación. Críticos señalan que la medida rompe con la lógica de que quienes contribuían al sistema podían acceder a sus beneficios.
7. Suspensión de visas de inmigrante
Desde el 21 de enero, el Departamento de Estado mantiene suspendida la emisión de visas de inmigración para 75 países, entre ellos Colombia. La medida no implica el cierre de los procesos: los solicitantes pueden seguir aplicando y asistiendo a entrevistas, pero las visas simplemente no se emiten y no hay una fecha clara para levantar la pausa. En la práctica, miles de personas quedan en un limbo administrativo: pueden cumplir todos los requisitos, pero no pueden viajar ni concretar su migración. Además, EE. UU. expandió esa pausa a todos los procesos de green card iniciados dentro del territorio para categorías como ajuste de estatus por asilo, matrimonio o familia cercana. El Departamento de Seguridad Interna ordenó a USCIS frenar la expedición de tarjetas mientras son verificadas nuevamente por el FBI bajo nuevos criterios biométricos.
