Hace unos días, María Corina Machado convocó a 11.000 personas en Madrid, donde aseguró que el retorno a Venezuela será una realidad cercana. Sin embargo, ese mensaje de esperanza dista de materializarse. Expertos en la diáspora señalan que, aunque volver es un deseo generalizado, faltan condiciones para que familias que llevan más de una década en el exilio consideren regresar a un país que completa 27 años de dominio chavista.
La diáspora en cifras
Según el último estudio del Observatorio de la Diáspora, 9,2 millones de venezolanos han salido de su tierra para asentarse en 91 países. Latinoamérica y el Caribe son los principales receptores, seguidos de Europa, Canadá y otras regiones. La encuesta, que incluyó a 1.266 personas en 55 naciones, muestra que el 40% manifiesta voluntad de regresar, pero solo si hay cambios significativos que garanticen un proyecto de vida estable y acceso a necesidades básicas.
Exiliados políticos y seguridad jurídica
Para los exiliados políticos, el retorno implica seguridad jurídica: no ser arrestados al pisar suelo venezolano, donde aún existen leyes que criminalizan disentir del régimen chavista. Además, el 23,7% de los encuestados no está dispuesto a volver bajo ninguna circunstancia, ya sea por arraigo familiar en el país de acogida o por considerar lejano un renacer del país sumido en crisis política, social y económica.
Tomás Páez, sociólogo y coordinador del Observatorio, comenta: “Venezuela lleva casi tres décadas afianzando un modelo que causó la migración forzada del 30% de la población. El retorno está condicionado a que las variables que obligaron la salida muestren mejora, como salud, electricidad, empleo o libertades básicas”.
El costo de volver
Uno de los principales argumentos contra el retorno son las variables económicas. El 84% de los encuestados envía remesas para sostener a familiares en Venezuela. La totalidad de los entrevistados reconoce que el ecosistema financiero es hostil para la inversión extranjera y para sostener cualquier modelo de vida. Hoy, un profesor universitario de alto nivel percibe un sueldo de USD 12, mientras que el salario mínimo ronda los USD 0,30 centavos.
La infraestructura petrolera, que producía tres millones de barriles diarios en los años 90, hoy apenas extrae un millón. Según Oxford Economics, Venezuela tiene una deuda equivalente al 193% de su PIB, con una tendencia insostenible hasta 2037. Además, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson estimó en 2024 que nueve de cada 10 venezolanos viven en pobreza, y la pensión de la tercera edad es de USD 1,3.
“El 84% de los encuestados percibe que su calidad de vida en el país de acogida es buena. Las personas no vuelven cuando quieren, sino cuando pueden sostener la vida que tuvieron antes”, añade Páez.
Retorno condicionado
La decisión de retornar también pone en la balanza la disposición de los venezolanos a volver a un país que, pese a algunos cambios, sigue en un limbo incierto. La encuesta revela que la seguridad es el primer aspecto a mejorar (75,1%), seguida de servicios públicos (69,5%) y empleo digno (57,1%).
María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, comenta que el retorno debe leerse en términos estructurales: “Las causas de expulsión migratoria tienen que convertirse en factores de atracción. Es un proceso demorado de varios años. Las personas buscan salir de la pobreza multidimensional y tener mejores servicios públicos, educativos y médicos. Estas situaciones requieren un cambio de dirección política y administrativa, lo cual no es fácil en el corto plazo”.
