La Alcaldía de Cartagena reveló detalles de la defensa jurídica que permitió recuperar más de 7.400 metros cuadrados de espacio público en el sector de Chambacú, en inmediaciones de Torices, donde actualmente funciona el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú.
El proceso, liderado por la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, estuvo marcado por decenas de acciones judiciales, incidentes de desacato y señalamientos de presuntas irregularidades documentales durante la disputa legal por los predios ocupados durante años por negocios y asentamientos informales.
De acuerdo con el Distrito, el desmonte de una panadería y dos talleres el pasado 1 de diciembre de 2025 puso fin a una controversia que dejó más de 40 tutelas falladas a favor de la administración distrital y abrió paso a la culminación del proyecto deportivo y recreativo. Antes de esa intervención, entidades del Distrito habían adelantado operativos para retirar cantinas, parqueaderos ilegales, talleres y otros espacios que, según la administración, eran utilizados para actividades relacionadas con el consumo y expendio de estupefacientes.
En paralelo, Corvivienda realizó procesos de reubicación y subsidio para cerca de 50 familias que habitaban en condiciones precarias en el sector, mientras que la Umata rescató alrededor de 30 animales en condición de abandono.
Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, sostuvo que las decisiones favorables fueron producto del trabajo técnico y jurídico adelantado por distintas dependencias del Distrito.
Recuperación de Chambacú desató decenas de tutelas
La recuperación del espacio público tomó fuerza tras el anuncio de construcción del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, presentado por la administración del alcalde Dumek Turbay al inicio de su gobierno.
El 31 de enero de 2025, la Inspección de Policía de la Comuna 2 ordenó el restablecimiento del espacio público en un área de 7.404,17 metros cuadrados ubicados en Chambacú, cerca de la carrera 14 de Torices.
Desde entonces comenzaron múltiples acciones judiciales contra el procedimiento. Según el balance entregado por el Distrito, se presentaron 44 tutelas y un incidente de desacato durante el proceso.
La administración reportó que 33 acciones terminaron con decisiones favorables, dos fueron desistidas y nueve permanecían pendientes de fallo para el momento del balance oficial.
Entre las primeras acciones estuvo la presentada por Leonardo Rubio, exaspirante al Concejo de Cartagena por el movimiento “Fuera Malandrines”, quien alegó presuntas afectaciones al debido proceso y a la confianza legítima. Sin embargo, el Juzgado 13 Civil Municipal declaró improcedente la solicitud.
Posteriormente, otros ocupantes del sector acudieron a la justicia argumentando vulneraciones relacionadas con vivienda digna, mínimo vital y debido proceso, debido a que llevaban más de dos décadas residiendo o trabajando en el lugar. Los despachos judiciales concluyeron que no se demostró una vulneración grave de derechos fundamentales derivada de las actuaciones adelantadas por el Distrito.
Presunto fraude procesal terminó en denuncia penal
Uno de los episodios más complejos del litigio ocurrió cuando el Distrito fue notificado de un incidente de desacato relacionado con una tutela fallada años atrás. El abogado Robinson Arroyo aseguró actuar en representación de Ana Batista Urueta mediante un poder firmado por Claudia Turizo Batista, hija de la mujer, quien había sido beneficiaria de una tutela en 2011.
Inicialmente, el Juzgado Noveno Penal Municipal ordenó suspender provisionalmente las labores de recuperación del espacio público mientras revisaba el incidente. No obstante, la Oficina Jurídica del Distrito pidió la nulidad de la medida al advertir que Ana Batista había fallecido en 2023, según registros de la Registraduría Nacional y la Adres.
La administración sostuvo además que el jurista habría omitido esa información ante el juzgado, situación que, según el Distrito, “indujo a la jueza a un error e incurriendo el jurista en un presunto fraude procesal”. Tras revisar los documentos aportados, el despacho judicial dejó sin efectos la suspensión provisional, declaró improcedente el incidente de desacato y ordenó archivar el caso. Así mismo, compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y a la Fiscalía General de la Nación para investigar la actuación del abogado involucrado.
Juzgado negó suspensión del desalojo en fallo acumulado
Otro de los procesos relevantes fue la tutela presentada por Daylester Fontalvo Fernández, a la que se acumularon otras 13 acciones judiciales relacionadas con el mismo procedimiento de recuperación. En ese caso, los accionantes solicitaron detener el desalojo argumentando presuntas vulneraciones a derechos como vivienda digna, igualdad y debido proceso.
El Juzgado Doce Civil Municipal negó las pretensiones y señaló que “no es obligación de las entidades accionadas suministrar al accionante un lugar de vivienda o un trabajo ya que él mismo ha sido encontrado como un infractor y ocupante ilegal de un inmueble de uso público y de naturaleza pública”.
Con la culminación de la disputa judicial, el Distrito aseguró que el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú abrió sus puertas el 15 de mayo de 2026 y se proyecta como una de las principales obras recreativas y deportivas de Cartagena.
