El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, dio a conocer el 1 de mayo en Medellín una de las iniciativas más ambiciosas en materia laboral de las últimas décadas. Se trata de una agenda estructural de trabajo digno y decente que incluye la aprobación del CONPES 4189 y la próxima firma de un decreto de reparación colectiva al movimiento sindical. Este hecho es considerado histórico por su impacto en derechos, justicia y democracia.
CONPES 4189: hoja de ruta laboral con inversión histórica
El núcleo de esta transformación es el CONPES 4189 de Trabajo Digno y Decente, que establece 104 acciones concretas con una proyección a diez años y una inversión de $1,82 billones. La política busca transformar el empleo en el país, reducir la informalidad y garantizar condiciones laborales justas en todos los territorios, integrando además variables como la transición digital y climática.
Según el Ejecutivo, esta estrategia responde a demandas históricas de los trabajadores y se basa en evidencia internacional que sugiere que la protección de los derechos laborales incrementa la productividad y reduce la conflictividad. En sectores estratégicos, el fortalecimiento del diálogo social podría generar aumentos de productividad entre el 10% y el 20%.
La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, subrayó que “hoy no solo marchamos: entregamos resultados”, al destacar que esta política convierte compromisos en acciones concretas. También señaló que la inversión permitirá articular el mercado laboral con nuevas dinámicas económicas, avanzando hacia una economía “más productiva, equitativa y sostenible”.
Reparación colectiva al sindicalismo
Otro de los anuncios centrales es la firma del decreto que establece lineamientos para la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano. Este instrumento reconoce la violencia antisindical y dignifica a más de 15.000 hombres y mujeres víctimas del conflicto armado, en lo que el Gobierno considera una deuda histórica del Estado.
El decreto es presentado como la primera acción coordinada para reparar colectivamente al sindicalismo, un sector que durante décadas fue objeto de persecución y estigmatización. Según el Ejecutivo, esta medida no solo tiene un carácter simbólico, sino que busca fortalecer la democracia y el papel de las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, afirmó que “estamos demostrando que la justicia laboral no es un costo, sino el motor de una economía productiva, sostenible y equitativa”. Añadió que esta decisión reconoce el rol del sindicalismo en la construcción de paz y en la consolidación de un diálogo social efectivo.
Reforma pensional y expansión del subsidio
La agenda laboral también se articula con medidas estructurales como la expansión del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión (PSAP), que pasará de poco más de 100 mil beneficiarios en 2025 a cerca de 165 mil en 2026. Esta ampliación busca garantizar acceso a la seguridad social para trabajadores con trayectorias laborales inestables, incluyendo informales, rurales y cuidadores.
La reforma al PSAP introduce cambios clave como la unificación de semanas de cotización en 300, la ampliación del subsidio hasta 750 semanas y la reducción de la edad de ingreso a 18 años. Con una inversión cercana a $309 mil millones en 2026, el Gobierno la presenta como una de las mayores expansiones de protección pensional en el país.
Estas medidas se complementan con acciones como la duplicación de inspectores laborales, programas de empleo juvenil, formalización del trabajo de cuidado y reconversión laboral para 14.000 trabajadores en transición energética. Además, el 81,9% de la inversión estará destinado a formación para empleos verdes, alineando el mercado laboral con los retos ambientales.
Con este conjunto de decisiones, el Gobierno busca responder a las condiciones de precariedad e informalidad que han afectado históricamente a millones de trabajadores. El mensaje central, según lo planteado en el anuncio, es que el trabajo deja de ser un indicador secundario para convertirse en el eje central de una economía que aspire a ser más justa, productiva y sostenible.
