Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —la disidencia al mando de Walter Mendoza—, aseguró que el proceso de instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo, continuará pese a la decisión judicial que ordenó suspender las actividades relacionadas con ese espacio mientras se realiza la consulta previa con comunidades indígenas de la zona.
“La orden en este momento es de imposible cumplimiento, dado que las unidades de la Coordinadora guerrillera ya se encuentran en el punto de preconcentración. Ya han sido trasladadas vía helicóptero de los distintos puntos en donde ellos se encontraban operando a un punto cercano a la Zona de Ubicación, y sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que siguieran ejerciendo la violencia en los territorios”, señaló Novoa.
La decisión judicial que paraliza la ZUT
La decisión que cuestionó el jefe negociador fue adoptada por un juzgado promiscuo municipal de Valle del Guamuez tras una tutela presentada por el resguardo indígena Telar Luz del Amanecer, que alegó la vulneración de su derecho a la consulta previa por la instalación de la ZUT.
En el fallo, el juez señaló que ninguna de las entidades demandadas respondió al requerimiento realizado durante el trámite de la tutela y, por ello, “se entiende que admiten los hechos”. Según se lee en el documento, se concluyó que se vulneraron los derechos invocados por la comunidad indígena, entre ellos la consulta previa, el debido proceso y el derecho de defensa.
Por ello, ordenó la suspensión inmediata de las obras, adecuaciones y demás actividades derivadas de la resolución que creó la Zona de Ubicación Temporal, “hasta tanto se surta el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con el Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer”.
La postura del Gobierno
Novoa anunció que el Gobierno impugnará la decisión y defendió la continuidad del proceso pese al fallo judicial. “La decisión del juzgado no es incompatible con que continúe avanzando ese proceso de reincorporación a la vida civil, y también para que se adelanten las gestiones relacionadas con la consulta previa a algunas de las comunidades indígenas que, entiendo, fueron las autoras de la acción de tutela”, afirmó.
El negociador también aseguró que, antes de la definición de la zona, el Gobierno sostuvo reuniones con autoridades y resguardos indígenas del territorio. También señaló que “hay unos diálogos en curso que están a cargo de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Por eso nos sorprende la instauración de la acción de tutela”.
Hace aproximadamente un mes —añadió— participó en una reunión con comunidades indígenas en el sector de La Betania, en La Hormiga (Putumayo), junto con delegaciones de países garantes y equipos gubernamentales. Según dijo, en ese encuentro se dejaron abiertas las puertas para continuar el diálogo con las comunidades.
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