El nombre de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá Córdoba y jefe de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), se ha convertido en el principal foco de cuestionamiento a la política de paz total impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Las acciones de la estructura que comanda han abierto preguntas sobre los mínimos humanitarios que debe cumplir un grupo armado ilegal en medio de los procesos de negociación, y han generado dudas sobre las líneas rojas trazadas por el Ejecutivo en esa mesa de paz.
Calarcá y sus hombres acumulan episodios violentos que contrastan con los avances alcanzados en el proceso de diálogo. Uno de ellos, quizá el resultado más tangible que prevé dejar el Gobierno Petro en materia de paz, es la Zona de Ubicación Temporal para el Frente 33 en Tibú, Catatumbo, donde esa estructura libra desde enero de 2025 una guerra con el ELN que ha sumido a la región en la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años en el país.
En medio de esas tensiones, alimentadas por masacres, secuestros, el asesinato de un periodista y el recrudecimiento de los combates en Guaviare, la opinión pública todavía se pregunta por qué el Gobierno Petro no ha tomado medidas más contundentes frente a Calarcá y su estructura ilegal, o mejor, por qué esa mesa se mantiene.
Otras ramas del poder le han pedido de frente al presidente que se pronuncie sobre los hechos. Para no ir más lejos, el pasado 7 de abril, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, pidió al comisionado de paz, Otty Patiño, reactivar las órdenes de captura contra el jefe disidente. A través de una carta, Camargo presentó una serie de hechos violentos para sustentar que Calarcá habría incumplido las condiciones que le permitían seguir como vocero en el proceso de paz.
En entrevista hace unos días con Colombia+20, el comisionado Patiño aseguró que no han respondido la misiva de la fiscal porque, según dijo, contiene varias inexactitudes y que sacar a Calarcá no implicaría superar los obstáculos de esa negociación. “Ya eso creo que es un tema superado, pensar que el problema de la paz en el país es expulsar al señor Calarcá del proceso de negociación. Yo creo que no. Por supuesto, es posible siempre, tal como se hizo con los frentes que estaban en el Cauca, suspender unas conversaciones cuando hay un crimen atroz como ese que cometió”, señaló el comisionado.
Análisis de Pares
Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explicó a este diario que el tratamiento diferente que el Gobierno ha dado al EMBF, en comparación a otros grupos como el Estado Mayor Central, no se explica únicamente por la continuidad de la mesa de diálogo con Calarcá. “El proceso está vivo, pero como en una UCI intermedia. No está en cuidados intensivos, pero tampoco logra recuperarse. Un bombardeo de las fuerzas militares sepultaría cualquier intento de sacarlo adelante. Además, está la presión sobre Mordisco, acordada como directriz entre Petro y Trump, y también contra el ELN. Pero creo que el Gobierno también se cura en salud al no buscar atacar directamente al EMBF. Eso no significa que no esté actuando, probablemente no con acciones duras como bombardeos, pero sí con operaciones ligadas a economías ilegales que pueden impactar sin confrontar directamente a un grupo que tiene un proceso activo con el Gobierno”, dijo el investigador Daza.
Todo esto ha dejado el proceso en una crisis de la que parece no recuperarse y que, con la pronta salida de Petro de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto y, con ello, la llegada de un nuevo presidente, tiene el tiempo en contra. En medio de ese panorama, las dudas persisten sobre todo porque los hechos violentos también se siguen presentando. El más reciente ocurrió el fin de semana pasado en Remedios, Antioquia. El nordeste de ese departamento se ha convertido en un enclave para el Frente 36 sobre el que hay una duda de si responde o no al mando de Calarcá. El mismo comisionado dijo a este diario que al parecer actúa a nombre de otro grupo armado.
Este es un recuento de los hechos vinculados a Calarcá que han profundizado los cuestionamientos sobre la continuidad de la mesa de negociación:
7 de junio de 2026: Masacre y terror en Remedios, Antioquia
La disidencia de Calarcá secuestró a cuatro personas en una finca de la vereda Las Camelias, en el municipio de Remedios (Antioquia). En redes sociales circuló una imagen en la que se veía a Efraín de Jesús Botero Mejía, Rocío Silva y dos trabajadores de la finca frente a una vivienda, con las manos atadas y junto a ellos, un hombre armado. Las autoridades confirmaron que las cuatro víctimas fueron asesinadas. Los hechos ocurrieron en medio del terror que vivieron los habitantes del municipio tras la llegada de al menos 15 integrantes de la disidencia. Según los reportes, intimidaron a los campesinos e incendiaron viviendas. El miedo continuó incluso después de su salida de la vereda. Dejaron cilindros, al parecer con explosivos, marcados con mensajes alusivos al grupo armado.
5 de mayo de 2026: Asesinato del periodista Mateo Pérez
El periodista Mateo Pérez, director del medio El Confidente de Yarumal, fue desaparecido por el Frente 36 de la disidencia de Calarcá mientras realizaba labores de reportería en la vereda Palmicha, en Briceño (Antioquia). Su cuerpo fue recuperado dos días después por una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo. El crimen conmocionó al país y provocó nuevos cuestionamientos sobre la continuidad de la mesa de negociación con esa estructura armada. Pérez tenía 25 años y cubría la situación de orden público en el norte de Antioquia.
31 de marzo de 2026: Niños escondidos por amenazas de reclutamiento
Fueron rescatados cinco menores de edad y una joven de 18 años que se escondían en la selva, en Caquetá, para evitar ser reclutados por la disidencia de Calarcá. Su padre había sido secuestrado por integrantes de ese grupo armado y obligado a realizar trabajos forzosos como castigo por supuestas “malas conductas” reportadas por la comunidad. Tras escapar, comenzó a recibir amenazas en las que la disidencia condicionaba la entrega de sus hijos a que él se presentara para ser “ajusticiado”. Ante el riesgo, el hombre les pidió a los menores que se ocultaran en la selva cerca de su vivienda, ubicada en la vereda La Ilusión, en Cartagena del Chairá.
11 de marzo de 2026: Secuestro de niñas en El Bagre
Dos niñas, de 14 y 15 años, fueron secuestradas en El Bagre (Antioquia). Las menores de edad quedaron atrapadas en medio de un combate del Frente 4 del EMBF con el Clan del Golfo. En ese contexto fueron retenidas por los disidentes. En videos que dio a conocer el grupo armado como prueba de supervivencia, las menores de edad afirmaron estar bien y que se encontraban en una vivienda donde vivían integrantes del Clan del Golfo, quienes supuestamente les pedían observar los movimientos del Ejército. Seis días después fueron liberadas y entregadas al CICR.
17 de enero de 2026: Masacre en Kuwait
La disidencia de Calarcá perpetró una masacre en la que murieron 26 personas en Kuwait, la mayoría de ellas combatientes del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco. Inicialmente se habló de un combate, pero fue una hipótesis que se descartó la Fiscalía porque los cuerpos presentaban tiros de gracia a corta distancia, que implicarían, entre otras cosas, un alto nivel de alistamiento por parte de las estructuras del EMBF. En la carta en la que la Fiscalía pide reactivar la orden de captura contra Calarcá, el ente de investigación menciona que “resultaron víctimas siete (7) menores de edad, hechos que según se ha podido constatar no correspondieron a un enfrentamiento armado”. La imagen de los cuerpos tendidos sobre la carretera reforzó la idea de que se trató de un mensaje de poder para Mordisco y también para la población civil. Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), explicó en ese momento a Colombia+20 que para el EMBF llegar hasta Kuwait no es un movimiento menor porque es una zona de control de Mordisco. Para hacerlo se requirió planeación, capacidad operativa y el despliegue de combatientes experimentados de la estructura comandada por Córdoba.
Diciembre y noviembre de 2025: Los chats que revelaron nexos con la Fuerza Pública y violaciones a DD. HH.
Noticias Caracol reveló documentos hallados en computadores incautados a integrantes del EMBF en Anorí (Antioquia). Los archivos reunían información de presuntos nexos de la disidencia con miembros del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como acceso a información reservada de la Fuerza Pública que habría permitido a la estructura evadir operaciones militares. Entre los documentos divulgados figuraba una propuesta del general (r) Juan Miguel Huertas para crear una empresa de seguridad que, según la investigación periodística, serviría como fachada para facilitar la movilidad de integrantes del grupo armado en vehículos blindados y con armamento amparado por permisos legales. Semanas después, el noticiero divulgó un nuevo paquete de chats que incluía información sobre una presunta orden de Calarcá para matar a Juan Gabriel Hurtado, firmante del Acuerdo de Paz asesinado en Meta el 6 de enero de 2024. Los archivos también contenían menciones a reclutamiento de menores, secuestros y acciones contra defensores de derechos humanos. Aunque varios de esos hechos ocurrieron cuando el Estado Mayor Central (EMC) adelantaba diálogos de paz con el Gobierno, Calarcá aún no era parte del proceso. El disidente se vinculó a la mesa en marzo de 2024, tras la ruptura del EMC, que derivó en el nacimiento del Estado Mayor de los Bloques y Frente.
18 de enero de 2025: Combates en Guaviare
Al menos 20 personas murieron en enfrentamientos ocurridos en la vereda Miravalle, en zona rural de Calamar (Guaviare). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los combates se dieron entre el Bloque Amazonas del EMC y la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Briceño Suárez del EMBF.
23 de julio de 2024: El escándalo de las camionetas de la UNP
En un retén militar en la vía que conduce de Medellín a Anorí, fueron encontrados jefes de ese grupo armado, entre ellos Calarcá, que viajaban en al menos nueve camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Si bien los miembros de la delegación en la mesa de diálogos con el Gobierno pueden transportarse en esas camionetas, la polémica se generó porque dentro de esos vehículos iban disidentes que tenían órdenes de captura vigentes. Cuatro de ellos quedaron capturados.
4 de julio de 2024: Soldados muertos por minas en Valdivia
Seis soldados del Ejército murieron tras la explosión en un campo minado en Valdivia (Antioquia). Inicialmente se habló de un posible combate con el Clan del Golfo. Sin embargo, el general Juan Carlos Fajardo, comandante de la Séptima División del Ejército, explicó entonces que aunque las tropas estaban en una operación dirigida contra esa estructura, terminaron siendo atacadas por sorpresa por disidentes de las facciones del EMC que aún participaban en la mesa de negociación; es decir, hombres del EMBF.
