Las sanciones impuestas contra la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, por un presunto desacato a un fallo de tutela fueron dejadas sin efecto luego de una nueva determinación judicial. El juzgado concluyó que la administración municipal cumplió de manera efectiva con las órdenes impartidas para la protección de una población vulnerable asentada en el predio conocido como Finca Los Ángeles.
La decisión fue adoptada después de que la Alcaldía de Soledad demostrara ante el despacho judicial el cumplimiento de las medidas ordenadas en la tutela proferida el 9 de septiembre de 2025. Dicha tutela estaba relacionada con el amparo de los derechos fundamentales de 77 personas caracterizadas como población en situación de vulnerabilidad.
Archivo definitivo del incidente de desacato
En consecuencia, el juzgado ordenó el archivo definitivo del incidente de desacato y levantó tanto la sanción de arresto por tres días como la multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes que habían sido decretados en primera instancia.
De acuerdo con lo señalado en la providencia, el juez consideró acreditado que la administración municipal desplegó acciones “serias, diligentes y verificables” para dar cumplimiento a la orden judicial. Especialmente en lo relacionado con la oferta de medidas de protección previas a la diligencia de desalojo, entre ellas la asignación de subsidios de arrendamiento y alternativas de albergue transitorio.
Evaluación del cumplimiento
En su análisis, el despacho judicial sostuvo que la Alcaldía de Soledad contó con la disponibilidad presupuestal necesaria y realizó ofrecimientos formales de subsidios de arriendo a las personas censadas en el predio. No obstante, precisó que los retrasos advertidos en la materialización de algunas de las medidas no podían atribuirse a una conducta negligente de la alcaldesa, sino a factores ajenos a su control.
Entre esos aspectos, el fallo destacó la negativa de varios beneficiarios a aceptar el auxilio ofrecido y la dificultad para ubicar a otros ciudadanos incluidos en el censo inicial. Estas circunstancias, según el juez, constituyen una imposibilidad fáctica que limita la ejecución plena de la orden. En ese sentido, el juzgado enfatizó que no es jurídicamente viable sancionar a una autoridad cuando el cumplimiento de una tutela depende de manera directa de la voluntad de terceros.
“La buena fe de la administración quedó demostrada”, señaló la decisión, al tiempo que recalcó que el incidente de desacato no tiene un carácter punitivo, sino coercitivo, orientado exclusivamente a lograr la efectividad de los fallos de tutela cuando persiste la vulneración de derechos fundamentales.
Antecedentes del desacato
El caso había generado atención pública luego de que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Soledad ordenara, en primera instancia, el arresto de la alcaldesa y la imposición de una multa. Esto ocurrió al considerar que no se había dado cumplimiento a la orden judicial dentro de los términos establecidos. Dicha decisión, como lo prevé la ley, quedó sujeta a revisión, por lo que las sanciones no se ejecutaron de manera inmediata.
El proceso se originó en una acción de tutela interpuesta por María Cecilia Ospina de Camacho, en representación de las 77 personas asentadas en la Finca Los Ángeles. En el fallo inicial, el juzgado ordenó a la Alcaldía determinar, adoptar y ejecutar medidas de protección adecuadas antes de cualquier diligencia de desalojo, con el fin de garantizar derechos como la vivienda digna y el mínimo vital.
Aunque la administración municipal impugnó inicialmente la tutela, esta fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, lo que dejó en firme la obligación de cumplir con las medidas ordenadas. Posteriormente, al considerarse que la ejecución no había sido acreditada plenamente, se dio apertura al incidente de desacato que derivó en la sanción ahora revocada.
Posición de la administración municipal
Tras conocerse la decisión que deja sin efecto las sanciones, la Alcaldía de Soledad reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de la población vulnerable. A través de la Secretaría de Gestión Social, la administración municipal confirmó que continuará adelantando mecanismos de convocatoria pública y emplazamiento para ubicar a las personas que aún no han comparecido de manera formal.
Según informó la Alcaldía, estas personas podrán acercarse al Centro Regional de Atención a Víctimas para manifestar su aceptación o no de los beneficios ofrecidos y formalizar su situación frente a los subsidios de arrendamiento dispuestos como medida de protección transitoria.
Desde la óptica institucional, el cierre del incidente de desacato representa el reconocimiento judicial de las gestiones adelantadas por el municipio dentro de sus capacidades administrativas y presupuestales. También reconoce las dificultades prácticas que surgen en procesos de atención a población vulnerable, donde el éxito de las medidas no siempre depende exclusivamente de la actuación de la autoridad.
