Procuraduría pide a autoridades nacionales y locales reforzar medidas de protección para el pueblo jiw
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a diversas autoridades nacionales y locales que refuercen las medidas de protección para el pueblo indígena jiw, el cual habita principalmente en los departamentos de Meta y Guaviare. Esta comunidad enfrenta un grave riesgo de desaparición física y cultural, según lo ha advertido la Corte Constitucional.
Llamado del Ministerio Público
El llamado de la Procuraduría está dirigido especialmente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Alcaldía de Mapiripán, la Gobernación del Meta, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Superintendencia de Salud, Cormacarena y la Defensoría del Pueblo. El objetivo es garantizar los derechos humanos de los jiw, en cumplimiento de la Sentencia SU-092 de 2021, emitida por la Corte Constitucional.
La Procuraduría ha señalado que no existe información suficiente sobre el cumplimiento de esta sentencia, la cual ordena el Goce Efectivo de Derechos (GED) para esta comunidad indígena. Según el ente de control, las respuestas de las entidades requeridas durante la vigencia 2025 evidencian avances administrativos parciales, pero no acreditan el cumplimiento pleno de lo ordenado por la alta Corte.
Requerimientos preventivos
Ante esta situación, el Ministerio Público ha enviado nuevos requerimientos preventivos para verificar la existencia de resultados ciertos y medibles. Las entidades deberán informar sobre los avances en el suministro de agua potable, salud, nutrición, educación y protección integral para la comunidad del resguardo Naexal Lajt, ubicado en Mapiripán, Meta.
El seguimiento de este caso está a cargo de la Procuraduría Regional de Instrucción Meta, la cual trabaja con un enfoque diferencial y territorial para asegurar que lo ordenado por la Corte se cumpla. La Procuraduría ha enfatizado que las medidas requeridas no deben quedarse en el papel, sino traducirse en mejoras reales y sostenibles para la vida del pueblo jiw, reconocido como sujeto de especial protección constitucional.
La comunidad jiw ha enfrentado históricamente situaciones de vulnerabilidad, y la Sentencia SU-092 de 2021 busca garantizar sus derechos fundamentales. La Procuraduría insta a las autoridades a actuar de manera coordinada y efectiva para evitar la desaparición física y cultural de este pueblo indígena.
