Gobierno establece Zona Temporal en Putumayo para disidencia armada CNEB por 10 meses
Zona Temporal en Putumayo para CNEB por 10 meses

Gobierno establece Zona de Ubicación Temporal en Putumayo para disidencia armada

El presidente Gustavo Petro firmó una resolución que establece una Zona de Ubicación Temporal denominada "Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal" en el municipio de Valle del Guamuez, en zona rural del departamento de Putumayo. Esta medida está dirigida específicamente a integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) con el objetivo principal de adelantar su proceso de tránsito hacia la vida civil.

Vigencia que supera el periodo presidencial actual

La resolución tiene una vigencia establecida de 10 meses, lo que significa que su duración se extenderá más allá del actual periodo presidencial, el cual concluye el próximo 6 de agosto. Esta temporalidad representa un compromiso institucional que trasciende la administración actual.

De acuerdo con el Acuerdo No. 10 suscrito entre el Gobierno Nacional y la CNEB el 25 de mayo de 2025, se capacitarán y ubicarán temporalmente 120 integrantes del grupo armado, distribuidos de la siguiente manera:

  • 60 integrantes en Nariño
  • 60 integrantes en Putumayo

Esto implica la creación de una zona adicional en Nariño, donde también ingresarán 60 hombres. Cabe destacar que la CNEB cuenta con aproximadamente 2.500 hombres en armas según estimaciones oficiales.

Suspensión de órdenes de captura

El parágrafo 3 de la resolución establece claramente que queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que se ubiquen en la zona temporal. Esta suspensión también aplica durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma.

La medida cobijaría a Geovani Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera, estructura que integra esa disidencia armada. El listado de beneficiarios será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

"En caso de llegar a requerirse adelantar actividades propias del proceso por fuera de la zona, de acuerdo con la programación y en seguimiento a los protocolos establecidos, el Gobierno nacional informará a la Fiscalía General de la Nación los beneficiarios de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, de manera temporal, por esta circunstancia", se especifica en el documento oficial.

Garantías de seguridad y ejercicio del Estado de Derecho

El Gobierno Nacional se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia tanto para los integrantes de la CNEB que se ubiquen en la zona, como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento.

"Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado Social de Derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda", se indica textualmente en la resolución.

Preocupaciones y perspectivas del proceso

Sin embargo, existen dudas y preocupaciones sobre la implementación de esta medida. Según informes de inteligencia consultados, existe la posibilidad de que la estructura armada utilice una 'jugada' estratégica que consistiría en concentrar en las Zonas de Ubicación Temporal a combatientes que ya se encuentran en proceso de salida, una maniobra que no impactaría de manera real su capacidad operativa ni su accionar criminal.

Por su parte, Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la CNEB, manifestó: "Hemos dado un paso firme mostrando que el camino que abrimos en esta Mesa de Diálogos de Paz se empieza a materializar".

Esta resolución representa un avance significativo en el proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aunque también plantea desafíos importantes en términos de verificación, transparencia y garantías reales de desarme y reinserción. La implementación efectiva de estas medidas determinará en gran medida el éxito del proceso de tránsito a la vida civil para los integrantes de esta disidencia armada.