La Federación Nacional de Departamentos (FND) rechazó de manera categórica que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se atribuya facultades judiciales sobre cuatro servidores públicos que mantiene secuestrados en el departamento de Arauca. El pronunciamiento se produjo luego de que el grupo guerrillero anunciara haber realizado un denominado 'juicio revolucionario condenatorio' contra los uniformados retenidos.
Condenas ilegales impuestas por el Eln
Según la información difundida por el Eln, dos investigadores de la Policía Nacional y dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía habrían recibido condenas de entre 32 y 60 meses de una llamada 'prisión revolucionaria'. Los cuatro hombres fueron secuestrados entre mayo y julio de 2025. La FND, que agrupa a las gobernaciones de los 32 departamentos del país, señaló que el Eln simula juicios e impone supuestas condenas al margen del orden constitucional.
Violación al Estado de derecho
Para la FND, estas prácticas no solo constituyen una grave violación a los derechos humanos, sino que representan una amenaza directa al Estado de derecho. La federación fue contundente al afirmar que ninguna organización al margen de la ley puede sustituir a la justicia, y que el mecanismo anunciado carece de toda validez legal. Recordaron que en Colombia solo las instituciones que integran la Rama Judicial son las encargadas de administrar justicia, por lo que ningún grupo ilegal puede arrogarse esa función.
Exigen liberación inmediata
La FND exigió el respeto por la vida y la liberación inmediata, sin condiciones, de estos servidores públicos y de todas las personas retenidas ilegalmente. Agregaron que esa sería la manera de demostrar una real voluntad de paz. Los cuatro funcionarios identificados son Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN), y Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, vinculados al CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Respaldo a la Fuerza Pública
El pronunciamiento de la FND también incluyó un reconocimiento a quienes mantienen activos los canales humanitarios para el retorno de los retenidos, así como un respaldo expreso a los integrantes de la Fuerza Pública. La federación calificó las prácticas del Eln como una grave violación a los derechos humanos y precisó que el secuestro es un delito prohibido tanto por la legislación colombiana como por el derecho internacional, y que Colombia no puede permitir su repetición ni su normalización.
