Fiscalía solicita reactivación de órdenes de captura contra tres comandantes de disidencias
La Fiscalía General de la Nación ha presentado una solicitud formal al Gobierno Nacional para reactivar las órdenes de captura contra tres jefes de las disidencias de las FARC identificados como Andrey Avendaño, alias Richard y alias Jhon Mechas. Estos comandantes, pertenecientes al Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), enfrentan imputaciones por su presunta responsabilidad en una serie de crímenes violentos.
Acusaciones por continuidad de actividades armadas
Según la Fiscalía, pese a su participación como voceros en los procesos de diálogo de paz, estos tres jefes habrían mantenido el control y dirección de estructuras armadas en regiones como el Catatumbo. Las investigaciones señalan que habrían ordenado acciones violentas que incluyen:
- Homicidios selectivos y masivos
- Reclutamiento forzado de menores de edad
- Desplazamientos masivos de población civil
- Control territorial mediante el uso de armas y economías ilícitas
La fiscal Luz Adriana Camargo explicó en entrevista con Caracol Radio que estos comandantes habrían cometido delitos de lesa humanidad mientras actuaban como delegados en la mesa de paz, situación que justificaría la revocación de sus beneficios procesales.
Reuniones entre Fiscalía y Gobierno para evaluar la solicitud
Fuentes cercanas a la mesa de diálogo confirmaron que la Fiscalía se ha reunido en tres ocasiones durante las últimas dos semanas con la jefa de la delegación de Gobierno, Gloria Quiceno, y representantes de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. La última de estas reuniones se realizó el lunes 6 de abril, donde el Gobierno habría solicitado un plazo de diez días para realizar consultas sobre la situación jurídica de estos jefes disidentes.
El ente acusador sostiene que los líderes del Frente 33 habrían ordenado a sus estructuras "tomar el control territorial absoluto" mediante el uso de la fuerza, en medio de la confrontación con el ELN en la región del Catatumbo.
Posible punto de quiebre en política de negociación
El eventual levantamiento de los beneficios procesales, que incluyen la suspensión de órdenes de captura vigentes en el marco de los diálogos de paz, marcaría un precedente significativo en la política de negociación con las disidencias. Organismos como la Defensoría del Pueblo ya habían advertido sobre la necesidad de revisar estas suspensiones debido al incumplimiento de compromisos y el impacto directo sobre la población civil.
Esta medida se suma al caso de alias Calarcá Córdoba, otro jefe disidente contra quien la Fiscalía también busca reactivar su orden de captura por presuntas actividades criminales mientras participaba como vocero en los diálogos de paz. La fiscal Camargo señaló que la situación de los tres comandantes del Frente 33 es "muy parecida" a la de Calarcá, por lo que la Fiscalía debería mantener una línea de conducta similar en ambos casos.
Las evidencias recopiladas por el ente acusador sugieren que varios de los voceros de las disidencias han mantenido, e incluso intensificado, su accionar armado durante los procesos de negociación, lo que ha generado creciente preocupación entre las autoridades y organismos de control.
