El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva humillación por parte del ELN, que ha realizado juicios revolucionarios a colombianos secuestrados, evidenciando el fracaso de su política de paz total. La guerrilla, lejos de buscar un acuerdo, ha intensificado su discurso y acciones violentas.
Secuestrados y condenados por el ELN
Agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada cumplen un año de secuestro, mientras que los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza se acercan a los doce meses de cautiverio. El ELN, en un comunicado, anunció que les realizó un juicio revolucionario, condenándolos a penas de prisión revolucionaria de 36 a 60 meses, acusándolos de espionaje contra la guerrilla y la población civil. Es decir, por cumplir con su deber constitucional de servir al Estado.
La burla a la paz total
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que estos juicios son una práctica histórica del ELN para suplantar la justicia estatal. La guerrilla se muestra envalentonada, sin temor a las Fuerzas Militares, y busca obtener concesiones estructurales en cualquier negociación. Esto deja en evidencia la falta de control territorial y la incapacidad del gobierno para proteger a los ciudadanos.
El drama humanitario
Las familias de los secuestrados claman por ayuda. Yariel Macualo, esposa de Rodrigo López, se siente abandonada y pide al presidente que acceda a las peticiones del ELN para la liberación. Alejandra Sanabria, esposa de Franki Hoyos, relata el sufrimiento de su hijo, que pregunta a diario por su padre. La situación es insostenible y refleja el fracaso de la política de paz.
El ELN no solo desafía al Estado, sino que también se burla de la delegación de paz del gobierno, que lleva un año gestionando sin éxito la liberación de los secuestrados. Este es el legado de cuatro años de gobierno: una guerrilla fortalecida y una ciudadanía desprotegida.
