Balance final tras una década: bienes de las FARC y su camino hacia la reparación
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha cerrado oficialmente el proceso de entrega de bienes de las extintas FARC-EP, casi diez años después de que la guerrilla presentara su inventario inicial como parte del Acuerdo de Paz. El informe definitivo, presentado ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz el pasado 25 de marzo, revela un panorama complejo donde conviven logros concretos con limitaciones estructurales que impidieron la materialización completa de los compromisos.
Un inventario problemático desde el origen
El proceso cargó desde el inicio con una debilidad fundamental: la insuficiencia del inventario entregado en 2017. Según el documento de la SAE, la información consignada inicialmente "no era suficiente para determinar la existencia, estado, valor y ubicación" de los bienes declarados. Esta falta de precisión obligó a un extenso trabajo de verificación en terreno, cruce de datos y reconstrucción que ralentizó significativamente toda la operación.
La situación se complicaba aún más por las condiciones de seguridad en numerosas zonas. Muchos bienes reportados se encontraban en territorios donde el Estado no podía ingresar, ya sea por presencia de disidencias, grupos criminales o condiciones generales de violencia. El informe señala explícitamente que "por temas de seguridad no era posible el acceso a esos campamentos", una realidad que persistió incluso años después de la firma del Acuerdo de Paz.
Las tres fases de un proceso complejo
El modelo diseñado para convertir los bienes de guerra en recursos para víctimas contemplaba tres etapas claras:
- Entrega material de los bienes inventariados
- Monetización y disposición final de los activos
- Transferencia de recursos al patrimonio autónomo para reparación
Cada una de estas fases enfrentó obstáculos específicos. En la primera etapa, la brecha entre lo reportado y lo recibido fue considerable. Por ejemplo, de más de 51.000 ítems de muebles y enseres incluidos en el inventario, apenas 1.830 fueron entregados efectivamente. El resto se perdió por deterioro, hurto, incautación por el Ejército o simple inexistencia.
Resultados concretos y limitaciones evidentes
El lado positivo del balance muestra que más de $45.978 millones lograron canalizarse hacia el patrimonio autónomo para reparación, permitiendo atender a aproximadamente 2.300 víctimas en diversas regiones del país. Estos recursos cumplieron su propósito dentro del sistema diseñado, según insiste el informe de la SAE.
Sin embargo, la monetización de los activos presentó dificultades significativas. Entre los principales problemas identificados se encuentran:
- Falta de informes de avalúo técnicos que determinaran precios reales de mercado
- Problemas de titulación y documentación legal
- Ubicación remota de muchos bienes que limitaba su comercialización
- Condiciones físicas adversas que reducían el valor real
Además, un hallazgo crucial del informe revela que aproximadamente el 43% del valor total reportado correspondía a activos que, por su naturaleza, "no tenían potencial de monetización". Esto incluía infraestructura comunitaria como carreteras y placa huellas, así como armamento, que fueron incluidos en el inventario pero no podían convertirse en recursos líquidos.
Precisiones al informe de la Contraloría
El documento de la SAE también responde al informe presentado por la Contraloría el pasado 20 de enero, que alertaba sobre incumplimientos del secretariado de las antiguas FARC en las sentencias de la JEP. La SAE aclara que existe una distinción fundamental entre dos procesos diferentes:
Por un lado, los recursos para cumplir las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz provienen principalmente del Estado, a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Fondo para la Reparación. Por otro lado, los bienes entregados por las FARC están destinados específicamente a "la transferencia de recursos al patrimonio autónomo para la reparación a las víctimas del conflicto armado".
Esta diferenciación es crucial porque, según la SAE, mezclar ambos conceptos lleva a una interpretación desdibujada de los problemas reales. El déficit en el cumplimiento de las sentencias de la JEP no puede atribuirse directamente a los incumplimientos en la entrega de bienes, ya que se financian con fuentes distintas.
Un cierre con luces y sombras
La conclusión del proceso después de casi una década deja una imagen menos idealizada que la que acompañó el anuncio inicial del inventario en 2017. Si bien es cierto que hubo recursos que efectivamente llegaron a las víctimas y permitieron materializar parte del compromiso de reparación, también es evidente que:
- Muchos bienes nunca aparecieron
- Numerosos activos no pudieron venderse
- Existía una sobreestimación del valor real de lo entregado
- Las condiciones de seguridad siguieron siendo un obstáculo persistente
El asesinato de Mario Morales en 2020, quien como coordinador de sustitución de cultivos ilícitos buscaba predios para la reparación, evidenció los riesgos que enfrentaban quienes intentaban materializar estos compromisos en zonas donde la violencia no había desaparecido.
El informe de cierre de la SAE representa así un punto final administrativo a un proceso que, aunque imperfecto y limitado, logró convertir parte de la economía de guerra de las FARC en recursos concretos para víctimas del conflicto armado colombiano.
