Gobierno y disidencia chocan sobre quién debe financiar la erradicación de coca en Nariño
Las organizaciones sociales aseguran que el Gobierno de Gustavo Petro no atendió oportunamente la crisis cocalera. En la Laguna de Chimbuza, en la costa pacífica de Nariño, la tensión es palpable mientras guerrilleros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) observan a un niño que pasa descalzo, indiferente al calor y a la presencia armada. Este escenario sirve de telón para una reunión a puerta cerrada entre la delegación del grupo armado, liderada por Wálter Mendoza, y voceros del Gobierno, donde se discute uno de los temas más sensibles: la sustitución de 30.000 hectáreas de coca entre Nariño y Putumayo.
Desacuerdos que paralizan el diálogo
Tras la reunión, no hubo anuncios ni entrevistas, pero dos días después, un comunicado oficial confirmó lo que ya se anticipaba en el territorio. Hay un desacuerdo de fondo sobre quién debe erradicar la coca, cómo hacerlo y con qué recursos, lo que llevó a frenar por segunda vez el séptimo ciclo de diálogos desde el resguardo de Inda Zabaleta. La delegación gubernamental afirmó que, a diferencia de lo sucedido en Chimbuza y Putumayo, hay estructuras de la CNEB en otras regiones de Nariño que no han asumido compromisos de erradicación.
Armando Novoa, jefe de la delegación del Ejecutivo, explicó las fricciones: "Así como ellos siembran coca, que ellos mismos la arranquen. Así como ellos han contribuido a llenar de coca el país, que contribuyan a limpiar esas regiones". Esta petición rompe con la tradición estatal de financiar la transición hacia economías legales, aunque luego se matizó invitando a los integrantes armados a organizar mingas comunitarias por su cuenta y riesgo.
La reacción de la CNEB y los desafíos territoriales
La CNEB respondió con una carta de rechazo, calificando la propuesta como un giro inexplicable del Gobierno que implicaría asumir la erradicación de hectáreas desconocidas y cubrir su costo. Este choque evidencia la complejidad de negociar la paz en territorios donde el abandono estatal ha convertido a la coca en la única forma de sustento, y donde las comunidades quedan atrapadas entre la guerra y una paz total ya desgastada.
El reto se extiende a otras mesas, como la de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente y la de Comuneros del Sur, grupos con los que también hay acuerdos sobre erradicación. En Chimbuza, proyectos como "La Panela de la Paz" buscan sustituir coca por caña de azúcar, pero enfrentan obstáculos de financiación y comercialización. Juan Manuel, un campesino local, relata: "Uno siempre mira cómo cambiar. Pero hay que mirar por qué la gente cultiva la coca... llevarse la panela es difícil y acá que no hay vías de acceso o no hay inversión del Estado".
Financiación y futuro incierto
La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) afirma que el programa RenHacemos ha apoyado a comunidades con bienes complementarios, pero reconoce desafíos estructurales derivados del abandono estatal. Mientras en Putumayo hay 13.427 hectáreas en tránsito hacia economías lícitas, en Nariño apenas son 8.672, mostrando un desbalance. Gloria Arias, delegada del Ejecutivo, destaca que los proyectos en Chimbuza materializan lo discutido en la mesa, pero el reto es garantizar la compra y circulación del producto.
Andrés Allende, de la CNEB, enfatiza: "Se nos va a subir la glucosa de comer dulce aquí porque realmente a quién se le vende. Lo que pedimos es tanto al Gobierno Nacional como a los países garantes, que nos ayuden a que el producto sea comercializado". Sin embargo, miembros del grupo armado se quejan de falta de inversión por parte del Programa de Sustitución, argumentando que la comunidad y la Coordinadora han empoderado proyectos por su propia iniciativa.
Temor y perspectivas a futuro
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, reconoce dificultades pero resalta una tasa baja de asesinatos, atribuida a los acuerdos de paz. No obstante, hay temor entre los habitantes. Una mujer local expresa: "Si el siguiente Gobierno no continúa los diálogos, la guerra podría volver a estallar". Juan Manuel comparte esa preocupación, mientras Allende insiste en que la CNEB no buscará enfrentamientos militares, pero advierte que en la guerra nada se sabe.
Al finalizar la jornada, las delegaciones parten, dejando atrás a familias como la de Juan Manuel, sin certezas sobre el futuro de los cultivos, la mesa de diálogo o la tranquilidad del territorio. Este episodio subraya las profundas divisiones y los obstáculos financieros que amenazan la política de paz total del Gobierno Petro en regiones clave como Nariño y Putumayo.
