Comunidades campesinas del Catatumbo han salido al paso de las declaraciones de la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Gloria Miranda, a quien acusan de no reflejar la realidad en el territorio. Los beneficiarios del programa advierten que los retrasos en la implementación ponen en riesgo el acuerdo de paz y anuncian posibles jornadas de protesta.
Rechazo a declaraciones oficiales
Según información difundida por Caracol Radio, líderes comunitarios aseguran que persisten incumplimientos por parte del Gobierno nacional frente a los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016. Alexander Molina, vocero de las familias vinculadas al PNIS en la región, cuestionó abiertamente las afirmaciones de la funcionaria y pidió un diálogo directo sustentado en cifras verificables. “Yo le quisiera decir a Gloria Miranda que nos sentemos en una mesa, que hablemos verdaderamente con números y cifras, y verifiquemos cada acuerdo que se ha hecho con la dirección, o con ella a cargo, y que no se han cumplido”, afirmó Molina.
Incumplimientos y tensión social
El programa de sustitución de cultivos ilícitos fue uno de los pilares del Acuerdo de paz de 2016, con el objetivo de ofrecer alternativas económicas legales a comunidades campesinas. Sin embargo, en zonas como el Catatumbo, históricamente afectadas por el conflicto armado y economías ilegales, la implementación ha enfrentado múltiples obstáculos. Las comunidades denuncian que, en el caso específico de esta región, cerca de 1.800 familias no han recibido los beneficios acordados, lo que ha incrementado la tensión social.
Advertencia de paro indefinido
Ante esta situación, los campesinos han advertido que podrían iniciar un paro indefinido en las oficinas del programa si no se cumplen los pagos pendientes en los próximos días. El Catatumbo, ubicado en el nororiente del país, ha sido escenario de conflictos armados y disputas territoriales durante décadas, lo que agrava la complejidad de implementar políticas públicas de sustitución y desarrollo rural. Esta realidad ha llevado a que las comunidades insistan en que los compromisos estatales deben traducirse en acciones concretas para evitar nuevos ciclos de violencia y economías ilícitas.
Contexto de violencia en la región
La región del Catatumbo en los últimos meses ha sido el epicentro de diversos actos de violencia por cuenta del ELN y las disidencias de las Farc. Más de 40.000 personas han sido desplazadas del territorio y 12.000 más están confinadas. El pronunciamiento de los campesinos también pone en evidencia las tensiones existentes entre las políticas de “paz total” y su ejecución en territorios periféricos, donde la presencia institucional sigue siendo limitada. Para los líderes sociales, el incumplimiento de acuerdos no solo afecta la confianza en el Estado, sino que debilita los avances logrados tras la firma del proceso de paz.
Llamado al diálogo
Mientras tanto, las comunidades reiteran su disposición al diálogo, pero exigen resultados verificables que respondan a las necesidades reales del territorio. La situación continúa en desarrollo y podría escalar en los próximos días si no se presentan soluciones concretas por parte del Gobierno nacional.
