Crisis de gobernabilidad en la Sierra Nevada: narcoparamilitares toman control mientras Estado falla
La situación actual en el Parque Nacional Natural Tayrona y en la Sierra Nevada de Santa Marta revela una crisis profunda de gobernabilidad que evidencia la debilidad estructural del Estado colombiano. Este territorio estratégico, frecuentemente presentado como símbolo de multiculturalidad y biodiversidad nacional, muestra hoy la incapacidad estatal para ejercer autoridad legítima, coordinada y sostenida.
Historia que se repite: abandono estatal y violencia persistente
La historia de la Sierra se repite con patrones preocupantes: presencia indígena sistemáticamente subvalorada, violencia colonial que persiste en nuevas formas, economías ilegales que florecen, élites indiferentes y abandono estatal crónico. En este contexto, estructuras criminales narcoparamilitares han tomado el control efectivo de territorios, rentas, vías de comunicación y actividades turísticas.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, herederas del paramilitar Hernán Giraldo, ejercen dominio territorial significativo. Simultáneamente, en otra zona de la Sierra, el Clan del Golfo disputa corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas, armas y personas, generando violencia que ha desplazado a centenares de habitantes.
Respuesta estatal fragmentada y sin continuidad
Frente a esta compleja realidad, el Estado ha respondido con decisiones fragmentadas y carentes de continuidad estratégica. Los gobiernos distrital, departamental y nacional llevan décadas sin consolidar una estrategia integral de seguridad y gobernanza territorial para la región. Las acciones implementadas son predominantemente reactivas y carecen de evaluación sistemática que permita ajustes y mejoras.
Resulta particularmente preocupante la falta de articulación efectiva entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía General para acompañar de manera coordinada a Parques Nacionales Naturales en su labor de protección territorial. Tampoco se comprende por qué se desmontó el Batallón de Alta Montaña, una unidad especializada en operaciones en terreno complejo como el de la Sierra Nevada.
Hechos recientes que agravan la crisis
Los últimos días han registrado eventos preocupantes que profundizan la crisis:
- Cierre del Parque Tayrona por amenazas directas contra funcionarios
- Decisión unilateral de algunas autoridades indígenas de reabrir el parque y cobrar acceso
- Anulación del Decreto 1500 de 2018 por parte del Consejo de Estado, que formalizaba el reconocimiento territorial de la Línea Negra
- Incendio de hostales en Mendihuaca
- Confrontaciones violentas entre las ACSN y el Clan del Golfo con cientos de desplazados
Marco normativo insuficiente y expectativas frustradas
El Decreto 1275 de 2024 estableció normas para el funcionamiento de territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de competencias ambientales de autoridades indígenas. Si bien generó expectativas legítimas, no definió con claridad cómo se ejercerán esas competencias ni cómo se garantizará la articulación efectiva con Parques Nacionales Naturales.
Además, en el caso específico de la Sierra Nevada, el decreto remite al artículo 6 del Decreto 1500 de 2018, precisamente el artículo que fue anulado y debe ser reexpedido. Esta situación plantea interrogantes sobre quién asume la responsabilidad de crear expectativas normativas sin asegurar su implementación práctica en el territorio.
Avances interculturales amenazados por la violencia
Existe un antecedente importante que demuestra que la gobernanza intercultural es posible. Por orden del Tribunal del Magdalena, desde 2013 se avanzó en la construcción de los Planes de Manejo de los dos Parques Nacionales de la región mediante un diálogo intercultural entre los cuatro pueblos indígenas y el Gobierno Nacional.
Este proceso demostró la viabilidad de diseñar una gobernanza intercultural que incorpore la Ley de Origen en el ordenamiento territorial y fortalezca un enfoque biocultural. Sin embargo, estos avances significativos no pueden sostenerse en un entorno dominado por la violencia armada y la fragmentación institucional que caracteriza actualmente la región.
Necesidad de control territorial y corresponsabilidad ampliada
Sin control efectivo del territorio y sin garantías mínimas de seguridad para las comunidades y autoridades ambientales, las decisiones en materia ambiental no logran consolidarse en la práctica. La crisis actual evidencia que se requiere una corresponsabilidad mucho más amplia que involucre estructuralmente al sector turístico, la academia y otros actores económicos en la gestión territorial y en la solución de los motores económicos que impulsan la pérdida de biodiversidad.
Lo que ocurre en el Tayrona y en la Sierra Nevada constituye otra alerta nacional sobre la fragilidad de la gobernabilidad en territorios estratégicos. La construcción de gobernabilidad requiere confianza social, decisiones coherentes en el tiempo y no puede depender exclusivamente de instrumentos normativos. Exige coordinación real entre niveles de gobierno, claridad en las competencias institucionales, presupuesto suficiente y control efectivo sobre las organizaciones criminales que amenazan la integridad territorial y la vida de las comunidades.
