Terminó la Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, un evento histórico que marca el inicio de un proceso con vocación de continuidad. Colombia y los Países Bajos abrieron un frente largamente postergado, representando un punto de inflexión en la política climática mundial.
Un paso del "sí" al "cómo"
Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas de negociaciones que no lograron abordar a los combustibles fósiles como la causa principal de la crisis climática. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado métricas y metas, esquivando el núcleo del problema. Las palabras petróleo, carbón y combustibles no aparecen en el Acuerdo de París. Fue hasta Glasgow (2021) que hubo un reconocimiento parcial al carbón; en Dubái (2023), se logró la frase “alejarse de los combustibles fósiles”, pero en Belém (2025), ni eso pudo sostenerse. Esta omisión explica la cumbre de Santa Marta, donde 57 países —que representan cerca de un tercio del PIB global— se reunieron, no para debatir si abandonan o no los combustibles fósiles, sino para avanzar en cómo hacerlo. Ese paso del “sí” al “cómo” marca el inicio de una nueva era.
La justicia como eje central
En ese “cómo”, la justicia fue central. El documento síntesis de la conferencia habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de trabajadores y comunidades, financiamiento directo para pueblos indígenas y la prevención explícita de nuevas formas de dependencia extractiva. Desde AIDA lo sabemos: sin justicia, la transición no es viable. No es solo un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Ignorar comunidades y territorios genera resistencias que terminan bloqueando los proyectos, como lo muestra la experiencia en América Latina.
La guerra como telón de fondo
La guerra como telón de fondo reforzó la urgencia. La disrupción de un 20-25 % de los flujos mundiales de petróleo y gas ha expuesto la vulnerabilidad de la dependencia fósil y cómo un conflicto en un punto del planeta afecta a casi todas las economías del mundo. De esta manera, la transición deja de ser solo una cuestión climática y se convierte también en un asunto de seguridad económica y soberanía.
Ciencia al centro de las conversaciones
Uno de los principales logros de Santa Marta fue devolver a la ciencia al centro de las conversaciones, revirtiendo la creciente desconexión con la política, dando como resultado el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante. Las COPs abrían con actualizaciones científicas y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles diluyeron las advertencias científicas e introdujeron lo que en Santa Marta se llamó “falsas soluciones”, como la captura de carbono y los offsets. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene tres limitaciones que el SPGET busca subsanar: tiempo, política y mandato. Publica informes cada siete años, ritmo insuficiente para una crisis que se acelera; los resúmenes para los tomadores de decisión son revisados y modificados por los países, incluyendo aquellos con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones y, finalmente, mientras el IPCC no está facultado para dar recomendaciones a los países, el SPGET nace precisamente con ese mandato. La nueva apuesta será independiente, sin veto gubernamental, con actualizaciones anuales y recomendaciones concretas de política. Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita.
Innovación en la forma
En paralelo, hubo innovación en la forma. La conferencia excluyó a lobistas de combustibles fósiles y a países que históricamente han bloqueado el progreso. El segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales y se estructuró en grupos pequeños, sin pantallas y bajo las reglas de Chatham House. Lo más significativo fue la inclusión, en igualdad de condiciones, de representantes de la sociedad civil y pueblos indígenas en estos diálogos.
Tres líneas de trabajo permanentes
Santa Marta marca el inicio de un proceso estructurado. Ya se confirmó una segunda conferencia en 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, y se establecieron tres líneas de trabajo permanentes, que alimentarán las negociaciones climáticas de la ONU, incluida la COP31 en Turquía, este noviembre. La primera busca apoyar hojas de ruta nacionales de transición. Países como Francia y Colombia ya presentaron avances. El primero, con metas para reducir los fósiles al 40% de su consumo energético para 2030 y eliminarlos en 2050; el segundo, con datos de rentabilidad a partir de 2040. A diferencia de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), estas hojas de ruta abordan la producción de combustibles fósiles —no solo las emisiones—, abriendo la puerta a compromisos concretos que podrían integrarse en las NDC y volverse vinculantes. Pero su contenido importa tanto como su obligatoriedad: el plan francés, por ejemplo, no aborda la remediación de territorios afectados por décadas de extracción ni las presiones que su modelo de electrificación ejerce sobre el Sur Global, de donde provienen los minerales que la hacen posible. Si los roadmaps no incorporan esa dimensión, el riesgo es consolidar compromisos vinculantes que perpetúen una transición desigual en vez de corregirla.
La segunda línea abordará barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Mientras que la última línea buscará descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la OCDE.
Deudas en financiamiento
Si Santa Marta se quedó corta en algo, fue en el financiamiento. Deuda, espacio fiscal, subsidios y la arquitectura financiera internacional se discutieron largamente, pero no hubo cifras, plazos ni compromisos concretos. Los mecanismos de arbitraje internacional (ISDS), que permiten a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas, quedaron en el texto de resumen oficial de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, no por falta de voluntad, sino por miedo a posibles demandas.
Incoherencias regionales
Finalmente, en nuestra región, persisten incoherencias: la brecha entre lo que algunos países dicen y hacen. México participó en Santa Marta, pero evalúa la viabilidad del fracking “sustentable”; Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que distintas ramas de los gobiernos operan con objetivos contradictorios. Esto daña la credibilidad del proceso.
Conclusión
En conclusión, podemos decir que Santa Marta sentó bases, mapeó problemas, abrió líneas de trabajo y construyó confianza. Era excesivo esperar que una primera conferencia ofreciera todas las respuestas. Pero el siguiente paso no puede demorar. Santa Marta podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo.
