La atención en torno al caso de Álex Saab no solo se centra en su traslado a Estados Unidos, sino también en el mecanismo legal utilizado para hacerlo posible. Venezuela entregó al señalado testaferro del chavismo bajo un trámite de deportación, un detalle que adquiere relevancia porque la Constitución venezolana establece restricciones frente a la extradición de sus connacionales, un principio que durante años ha empleado ese país para responder a solicitudes internacionales.
Deportación versus extradición
La diferencia entre extradición y deportación tiene efectos directos. La primera implica la intervención de la justicia en un proceso sustentado en solicitudes entre Estados, mientras que la segunda se basa en normas administrativas y migratorias. Aunque Saab contaba con nacionalidad venezolana, este lunes Diosdado Cabello afirmó que su documento era fraudulento, distanciándose así del señalado testaferro. "Álex Saab no es venezolano. No lo es. Es un ciudadano de origen colombiano", declaró el dirigente oficialista. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, resaltó que "cualquier decisión que asuma el Gobierno lo hará por el interés de Venezuela" y que la situación de Saab debe resolverla él con Estados Unidos.
No obstante, Saab ocupó cargos públicos tras su regreso al país, como la presidencia del Centro Internacional de Inversiones Productivas (Ciip) y el Ministerio de Industrias y Producción. Su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro fue tal que en distintos momentos Caracas defendió públicamente su condición política y sostuvo que actuaba como funcionario venezolano.
Voces de expertos
Una fuente cercana a Saab indicó a EL TIEMPO que su deportación podría incluso beneficiar a Nicolás Maduro. "Saab conocía muchas cosas de él, por lo que existe la posibilidad de que sea una decisión de Maduro encaminada a tenerlo cerca. Ahora, también puede ser que vaya a declarar contra Maduro".
La discusión jurídica del caso adquiere otra dimensión al revisar antecedentes recientes. Uno de los procesos que expuso esa postura fue el de Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, señalado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Aunque Colombia elevó una solicitud formal de extradición, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró improcedente la petición y mantuvo el criterio constitucional de no extraditar a sus ciudadanos.
El abogado Kalev Giraldo explica que "Venezuela usa la figura de deportación y expulsión en el tema migratorio porque en el tema penal la Constitución venezolana tiene un artículo que prohíbe la extradición de nacionales". En efecto, Venezuela optó por el envío exprés, quitándole la cédula a Saab y deportándolo el fin de semana. El penalista Camilo Burbano resaltó que "el hecho de que le hayan quitado la ciudadanía hace que su estadía en Venezuela se vuelva ilegal, razón por la cual tienen la potestad de hacer un trámite administrativo. No una extradición, sino una deportación. Eso hace que no le cubran las garantías judiciales de los ciudadanos venezolanos".
Sin embargo, el abogado venezolano Sergio Aranguren sostiene que el debate no se limita a la figura utilizada para el traslado, sino al procedimiento que debió acompañar esa decisión. "Lo que ocurrió resulta evidente frente a los ojos del mundo. Estamos hablando del Estado de derecho y del debido proceso de un ciudadano colombo-venezolano. Hay que tener en cuenta que ejerció funciones públicas y que se encontraba en Venezuela bajo condición de ciudadano venezolano", señaló.
Aranguren indicó que desde su lectura jurídica, la discusión también alcanza las garantías procesales que debieron aplicarse. "También hay que tener en cuenta que fue una deportación sin el trámite correspondiente del debido proceso, sin garantizar el derecho a la defensa dentro de un acto administrativo ni las actuaciones que corresponden. Ahora bien, para retirarle la nacionalidad a un individuo tiene que existir un proceso de justificación ante un tribunal contencioso administrativo y una sentencia definitivamente firme para acordar una deportación", afirmó.
Futuro jurídico de Saab
Saab fue trasladado a Miami para responder por los cargos de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y ocultamiento del origen de sus fondos. Sobre la pregunta de qué podría pasar con su futuro jurídico debido a que en 2023 recibió el perdón del gobierno de Joe Biden, el abogado Diego Gutiérrez contestó que "los procesos estaban siendo suspendidos por la tregua que se generó en el marco del intercambio de personas privadas de la libertad, pero no fueron cerrados ni desestimados".
