En un giro de alto impacto para el sistema de salud en Antioquia, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender de manera provisional la intervención forzosa que desde 2023 mantiene la Superintendencia Nacional de Salud sobre Savia Salud EPS, una de las entidades públicas más grandes del país, con más de 1,6 millones de afiliados.
Decisión judicial
La Sala Octava de Decisión, con ponencia de la magistrada Luz Myriam Sánchez Arboleda, accedió a una solicitud del Departamento de Antioquia y dejó sin efectos, de manera temporal, la resolución que originó la toma de posesión de la EPS, así como sus prórrogas posteriores. El Tribunal concluyó que existe un hecho sobreviniente relevante: la expedición de la sentencia SU-277 de 2025 de la Corte Constitucional, que fijó reglas vinculantes sobre el debido proceso en las intervenciones forzosas de las EPS por parte de la Supersalud.
La corporación judicial decretó la suspensión provisional de la resolución del 16 de junio de 2023 que ordenó la intervención y de los actos administrativos que extendieron la medida hasta junio de 2026. Además, ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud que, en un plazo de diez días hábiles, se reúna con los accionistas de la EPS para realizar el empalme y la entrega de los bienes, haberes y negocios de la entidad, abriendo la puerta al retorno de su administración original.
Crisis profunda
La decisión se produce en un momento crítico para Savia Salud, cuya situación financiera y operativa ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de autoridades locales, concejales y diputados de Antioquia. En un debate de control político conjunto entre el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, se describió un panorama alarmante en la prestación del servicio de salud. Los corporados aseguraron que la situación “tocó fondo” y que, pese a dos años de intervención, la entidad no ha logrado estabilizarse. La ausencia del agente liquidador, Luis Óscar Gálvez Mateus, intensificó las críticas.
Uno de los puntos más sensibles es el incremento de acciones judiciales: entre 2022 y 2025 se registraron 9.583 tutelas y 2.741 incidentes de desacato contra la EPS, un aumento del 335% en tutelas y del 640% en desacatos, evidenciando incumplimiento sistemático de órdenes judiciales y vulneración del derecho fundamental a la salud.
Deudas y riesgo financiero
Las deudas de la entidad pasaron de 793 mil millones de pesos en 2023 a más de 1,2 billones en 2025, mientras los activos muestran una tendencia a la baja, configurando un escenario de pérdida de solvencia y riesgo de quiebra técnica. El endeudamiento supera el 900%, según algunos concejales. La deuda total con el sistema supera los 4 billones de pesos, asfixiando a los hospitales del departamento. La secretaria de Salud de Medellín confirmó que los servicios de urgencias operan con una sobrecarga del 115%, lo que ha derivado en cierres parciales de servicios y aumento del riesgo de muertes evitables.
Voceros de Savia Salud defienden la gestión durante la intervención, asegurando que los gastos administrativos se mantienen dentro de los límites normativos y que se han realizado pagos a la red hospitalaria por cerca de 1.000 millones de pesos mensuales.
Escenario incierto
La orden del Tribunal abre un nuevo capítulo. Mientras la decisión obliga a desmontar temporalmente la intervención estatal, persisten dudas sobre la capacidad de la EPS para sostener su operación. Autoridades regionales advierten que la entidad está en un “punto crítico” y plantean la necesidad de una estrategia nacional de salvamento, que incluya la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y acciones judiciales conjuntas para evitar su colapso. El futuro de la EPS y la atención de más de un millón de usuarios en Antioquia quedan en el centro de la discusión, a la espera de cómo se implemente la orden judicial y de las decisiones del Gobierno nacional y las autoridades territoriales.
