Acceder a información pública sobre ciertos actores del poder requiere tocar muchas puertas y armarse de paciencia. Eso es lo que ha sucedido en La Contratopedia Caribe con una solicitud relacionada con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, presentada hace un año.
El accidente y la investigación
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) informar sobre la investigación que anunció tras el siniestro vial del 10 de enero de 2025, en el que estuvo involucrado un vehículo del esquema de seguridad del mandatario. Ese día, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó la muerte de un adulto mayor tras ser arrollado por una camioneta Toyota que circulaba por la avenida Pedro de Heredia, a la altura del Castillo San Felipe.
Cuatro días después, el 14 de enero, La Contratopedia publicó que ese vehículo estaba asignado al esquema de seguridad de Arana y que, al momento del siniestro, cumplía labores para la primera gestora departamental Angélica Salas. Tras nuestra publicación, la UNP aseguró que el vehículo era conducido por una persona no autorizada y anunció una investigación.
Solicitud de información y negativa
El 23 de mayo de 2025, La Contratopedia envió a la UNP una petición de información solicitando detalles sobre el estado de la investigación y las características del esquema de seguridad del gobernador. Una semana después, el 30 de mayo, la entidad negó parcialmente el acceso a la información. El argumento fue reserva legal basada en la seguridad nacional y el derecho a la intimidad, a pesar de que no se solicitaban datos sensibles del mandatario.
Decisión del Tribunal
Se radicó un recurso de insistencia y, el pasado 29 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la información fue “mal negada” y ordenó a la UNP entregar los datos solicitados. El Tribunal estableció que ocultar detalles bajo un velo de reserva absoluta contraviene el derecho a la verdad de la ciudadanía y es un asunto de debida diligencia de las entidades públicas.
Los magistrados justificaron su decisión recordando que la naturaleza del hecho es de alto interés público, porque involucra a un servidor público y el uso de recursos del Estado. También indicaron que informar sobre el proceso no pone en riesgo la seguridad personal del gobernador ni la seguridad nacional. Fueron enfáticos en advertir que la protección legal de la población en riesgo no puede extenderse automáticamente para cubrir presuntas irregularidades administrativas o siniestros que afecten a particulares.
La UNP tendrá que entregar la información. Porque cuando un vehículo oficial asignado al esquema de seguridad de un gobernador termina involucrado en un siniestro vial que deja una persona muerta, el asunto no puede diluirse entre silencios institucionales, reservas genéricas y la crónica opacidad informativa del Estado colombiano.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.
