Superintendencia de Notariado y Registro enfrenta sanción judicial por desacato
Un caso judicial ha puesto en evidencia serias irregularidades en el manejo laboral de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), entidad que enfrenta acusaciones de desacato a decisiones judiciales y posible vulneración de derechos de sus funcionarios.
Sanción inicial a directiva de Talento Humano
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Corozal, en el departamento de Sucre, impuso inicialmente dos días de arresto a Mariana Isabel Arteaga Mejía, directora de Talento Humano de la SNR. La medida disciplinaria responde al desacato de disposiciones jurídicas emitidas por este despacho judicial en un caso laboral de especial complejidad.
Origen del conflicto: tutela por fuero sindical
El conflicto se origina en la acción de tutela interpuesta por la abogada Juliana González García, quien fue desvinculada de su cargo como profesional universitario grado 01 después de dieciséis años de servicio continuo en la Superintendencia. La profesional alega que su fuero sindical no fue respetado durante el proceso de terminación de su contrato.
La cronología del caso muestra una trayectoria judicial compleja:
- Inicialmente, el Juzgado de Corozal negó la tutela el 29 de septiembre de 2025
- La decisión fue impugnada exitosamente ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo
- El 4 de noviembre de 2025, el tribunal superior concedió el amparo del derecho al debido proceso
- Se ordenó a la SNR valorar la condición de aforada sindical en un plazo de cinco días
Respuesta dilatoria de la entidad
Según la demandante, la Superintendencia ha adoptado una postura dilatoria frente al cumplimiento del fallo judicial. "Responden cosas que como accionante no he solicitado, buscando dilatar el proceso y vencerme por cansancio", denuncia González García, quien asegura que esta no sería una estrategia aislada.
La situación ha escalado hasta un tercer incidente de desacato, a pesar de que algunos derechos de la funcionaria han sido reconocidos parcialmente. La accionante sostiene que la entidad "sigue buscando atajos para burlar las disposiciones de la justicia".
Controversia sobre disponibilidad de vacantes
Uno de los puntos más controvertidos del caso gira en torno a la disponibilidad real de vacantes dentro de la entidad. Mientras la SNR insiste en que no existen cupos disponibles para reubicar a la exfuncionaria, González García afirma tener evidencia de lo contrario.
"A otros exfuncionarios vulnerados se les estaría dilatando sus procesos, con desgaste a la justicia", advierte la abogada, quien además solicita una investigación sobre cómo otros "privilegiados" han sido nombrados a pesar del argumento oficial de ausencia de vacantes.
Posibles irregularidades en el manejo de protecciones
La demandante acusa a la Superintendencia de intentar confundir a los jueces mediante argumentos engañosos. "La entidad afirma que ha cumplido con acciones afirmativas porque me reconoce como madre lactante. Pero solo me pagaría salud por seis meses", explica González García.
La profesional cuestiona abiertamente: "¿Por qué no me ubica en los cupos disponibles, que son para quienes gozan de protección como yo? ¿Está la SNR por encima de la ley?". Estas interrogantes ponen en duda los procedimientos internos de la entidad y su compromiso real con la protección laboral de sus empleados.
Implicaciones institucionales
El caso trasciende la situación individual de la abogada González García y plantea serias dudas sobre:
- El respeto a las decisiones judiciales por parte de entidades estatales
- La protección efectiva del fuero sindical en el sector público
- Posibles prácticas dilatorias sistemáticas en procesos laborales
- La transparencia en los procesos de asignación de vacantes
El juzgado de Corozal ha conminado formalmente a Mariana Arteaga Mejía a cumplir el fallo de tutela y ha solicitado información precisa sobre la persona responsable del cumplimiento, así como un informe detallado sobre los motivos del incumplimiento inicial.
